La FM en Google News
Se cumplen 16 años desde la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín y aún los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas claras por parte del Estado colombiano de lo que en realidad ocurrió el 16 y el 17 de octubre de 2002.
No obstante, transcurrido tanto tiempo, entre las víctimas existe el temor que este caso prescriba y por ende no siga siendo investigando. Juan Sebastián Silva, profesor universitario e investigador del conflicto armado, explicó los escenarios que se podrían presentar al respecto, teniendo en cuenta que este hecho aún no hace parte de la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Por lo tanto, considera Silva, la declaratoria de crimen de lesa humanidad a los hechos de la Operación Orión, no solo impediría la posibilidad de prescripción, sino también la priorización de la investigación con miras a la sanción de los responsables.
“Esto implicaría a su vez una investigación más centrada en metodologías del Derecho Penal Internacional y los procesos transicionales como el análisis de contexto, metodología que ha sido desarrollada por la Fiscalía en varias oportunidades, pero esto está atado a entender si es, o no en su conjunto, un crimen de lesa humanidad”, explicó el investigador.
Sin embargo, señaló que no solo en la Operación Orión, sino en Colombia, existe un riesgo de impunidad frente a lo ocurrido en el conflicto armado, a pesar de que se han dado importantes respuestas desde la institucionalidad con la Ley 975 de Justicia y Paz, los procesos que se esperan se abran desde la JEP, y las garantías que brinde la justicia ordinaria y el mismo Consejo de Estado.
"Yo insisto en ese riesgo de que todavía frente a este tipo de crímenes o de hechos en general, hay como cierto riesgo de impunidad, por la demora de la justicia, por voluntad política. Siempre será relativo pensar si existirá finalmente o no esa consideración de crimen de lesa humanidad, para que digamos esos procesos no se pierdan”, agregó.
Por consiguiente, Silva ve en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) una oportunidad “grande e importante” para que las víctimas conozcan si el Estado participó de manera directa o por omisión en muchos casos de gran repercusión en Colombia, como lo es el caso de la Operación Orión.
“La JEP tiene la responsabilidad, porque así lo dispuso el acuerdo, de investigar y sancionar estos casos, de perseguir a los responsables y dar unas sanciones que están estipuladas dentro del acuerdo y dentro del acto legislativo respectivo. En este caso, por ejemplo, tenemos que hace menos de un mes, se recibió el caso de Mario Montoya por varios hechos dentro de la Operación Orión, y ¿por qué?, porque él era el comandante de la Cuarta Brigada que es la que tiene la jurisdicción en Medellín, en el Valle de Aburrá y en el oriente antioqueño”. Le puede interesar: ¿Qué pasó con los protagonistas de la Operación Orión?
El general (r) Mario Montoya, ficha clave en la Operación Orión
Aunque han existido avances judiciales en organismos nacionales e internacionales, y muchas de las víctimas esperan que el general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, disipe muchas dudas, para Silva todavía falta mayor celeridad en un caso que ya cumple 16 años.
Afirmó que a pesar de que “hay un mediano reconocimiento a veces en medios de comunicación de lo que ocurrió en la Operación Orión, todavía falta profundidad y eso es lo que esperan las víctimas, profundidad sobre lo acontecido, que se explique qué ocurrió”.
Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia en la JEP a la que fue citado el general (r) Mario Montoya, quedando fijada nuevamente para este miércoles 17 de octubre.
En esta nueva audiencia, el exoficial deberá asumir compromisos con la verdad, reparación de las víctimas y no repetición, para a cambio recibir beneficios. El abogado Andrés Garzón, quien representa al general (r) Montoya, ha insistido en que su cliente no fue el jefe de la Operación Orión.
"El general (r) Montoya estuvo presente, pues obvio él tenía que estar en otro lugar, porque no era el jefe de la misión; el jefe era un mayor que estuvo en el lugar de los hechos. El Ejército fue en acompañamiento de todas las Fuerzas del Estado. Quien llevaba todo el esfuerzo principal era la Fiscalía General de la Nación, quien era la autorizada para realizar allanamientos y capturas", sostuvo el jurista.
Según el abogado, en la Operación Orión, Montoya "realizó la labor acorde con la orden de batalla y las funciones constitucionales que a ellos se le entregaron", afirmando que no hubo ninguna irregularidad.
El general en retiro es el oficial de más alto rango que acude a la JEP, y es también investigado por presuntamente tener conocimiento y participar en cientos de homicidios de jóvenes que posteriormente fueron presentados como falsas bajas en combate, mientras él era comandante del Ejército.
Las víctimas de la Operación Orión anunciaron que este 17 de octubre seguirán por videoconferencia la audiencia de Montoya en la JEP, teniendo en cuenta que ellas están en Medellín y la diligencia judicial se adelantará en Bogotá.
El perdón que aún no llega
Para Silva, lo primero que se debe hacer es sustraer la carga de responsabilidad del perdón y de la reparación de la víctima: “la víctima, primero, no tiene una responsabilidad del perdón, eso es una cuestión del fuero individual. No tiene ni el derecho, ni el deber, ni nada de brindarlo; eso es una cosa que reside en el fuero individual”.
Además, señaló que la reparación no es una cuestión de la víctima, sino del Estado, quien tiene el deber en este tipo de circunstancias y claramente los perpetradores.
“Entonces, claro, sirve el proceso de reconocimiento de hechos, aceptación de responsabilidades, de encontrar a las personas desaparecidas; todo eso es fundamental para que se den procesos, de pronto no de perdón, tal vez de reconciliación, pero sobretodo de verdad y reparación”.
Fragmentación de la confianza entre los habitantes de la Comuna 13
Para el investigador no hay duda alguna en que la Operación Orión generó unas rupturas, tanto colaterales, como centrales, por un marcado rompimiento de vínculos familiares y comunitarios.
Es allí, según Silva, donde se rompen las relaciones basadas en la confianza y reciprocidad, por la continua presencia de paramilitares, aún cuando las tropas del Ejército ya se han retirado de la zona.
“Ante la falta de una justicia y verdades incompletas, así como la ausencia de reparación a todas las víctimas, esos vínculos permanecen rotos, o más bien, parcialmente rotos”, insistió.
¿A quién no le interesa que se conozca lo que ocurrió?
Evidentemente, afirmó Silva, las responsabilidades recaen sobre aquellos que fueron responsables de este hecho, que dejó al menos 88 muertos y 95 desaparecidos, según cifras de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
No se puede dejar de lado, manifestó Silva, que cuando hay un acercamiento a las responsabilidades del Estado, existe no solo un déficit jurídico en sentencias judiciales profundas, sino también en términos del estudio desde las ciencias sociales.
“Todavía nos falta comprender cómo ocurrió esa violencia del Estado, en qué momento fue cómplice de los paramilitares, en qué momento hubo omisión o incapacidad de responder a las situaciones de violencia y en qué casos fue de manera directa su responsabilidad”, concluyó el investigador en conflicto armado.
Por Francisco Bernal
