Los usuarios del servicio de energía en Colombia han pagado más de $97,1 billones a las empresas generadoras desde la creación del Cargo por Confiabilidad en 2006, según un estudio presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que cuestiona la efectividad del mecanismo y plantea la necesidad de hacer ajustes regulatorios para fortalecer la seguridad energética del país.
El informe, titulado "Sobre-remuneración y Déficit de Respaldo Físico: Evaluación del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista (2006-2026)", analiza el desempeño del esquema durante sus dos décadas de funcionamiento.
El Cargo por Confiabilidad fue creado como un mecanismo financiero para que los usuarios, a través de su factura de energía, financien la disponibilidad de plantas de generación que puedan responder en períodos de escasez hídrica, como los ocasionados por el fenómeno de El Niño.
Más de $97 billones transferidos a las generadoras
De acuerdo con el estudio, desde 2006 los usuarios han transferido $97,1 billones constantes de 2025 a las empresas generadoras. Del total de esos recursos, cerca del 62 % fue destinado a plantas hidroeléctricas y alrededor del 37 % a plantas térmicas.
Por regiones, Antioquia recibió la mayor remuneración histórica con $26,5 billones, seguida por Atlántico con $15,8 billones y Cundinamarca-Meta con $13,1 billones.
El informe también señala que, solo en 2025, el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5 % de los ingresos del sector de generación y el 111 % de sus utilidades.
Frente a esos resultados, el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, cuestionó el desempeño del mecanismo.
"¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado 97 billones a las empresas de generación? Estas deben garantizar realmente la suficiencia de la generación eléctrica del sistema, particularmente en condiciones de hidrología crítica", afirmó.
Superservicios cuestiona el destino de los recursos
Uno de los principales hallazgos del estudio es que el 48 % de los recursos del Cargo por Confiabilidad se destina a plantas hidroeléctricas o a respaldar compromisos de otras plantas de la misma tecnología, pese a que el mecanismo fue diseñado para atender escenarios de sequía.
Además, el análisis indica que, después de dos décadas de recaudo, una parte importante de los recursos continúa remunerando plantas con entre 20 y 30 años de antigüedad, sin que ello se refleje en un incremento de la capacidad instalada del sistema.
"Los planes de mejora deben ser permanentes y es importante orientar esos recursos realmente a aumentar la capacidad de energía para que podamos atender la demanda, incluso en fenómenos extremos como el que ya estamos viviendo", agregó Durán.
Ante este panorama, la Superservicios recomendó revisar el diseño del Cargo por Confiabilidad por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y del Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de incentivar la entrada de nuevas plantas de generación y proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
También plantea ajustes a los mecanismos de respaldo
El informe también evaluó el funcionamiento de la Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) y otros mecanismos de respaldo del sistema eléctrico.
Según el documento, en 2025 la reducción pactada de demanda alcanzó un máximo histórico de 1.706 gigavatios hora (GWh), pese a que no se presentó un fenómeno de El Niño, lo que evidencia un uso creciente de estos instrumentos fuera de los escenarios para los que fueron diseñados.
Además, la Superservicios encontró que el 90 % de las medidas contempladas en los planes de acción de las plantas generadoras corresponde a acciones comerciales y no a la incorporación de nueva capacidad física de generación.
Durante el primer semestre de 2026, la entidad realizó seguimiento al cumplimiento de la energía en firme comprometida por las generadoras mediante monitoreo de embalses, revisión de indicadores y visitas de inspección a 11 plantas térmicas.
Pese a las advertencias que han surgido desde algunos sectores sobre un eventual desabastecimiento, la Superintendencia concluyó que no existe un riesgo inminente de apagón en el corto plazo, siempre que los mecanismos de seguridad del sistema continúen operando de manera adecuada.