Más de 34.000 empleos estarían en riesgo si las microempresas afectadas por el terremoto no logran reabrir

Acopi advierte que el 43 % de las empresas reportadas no puede operar.
Rosmery Quintero
Rosmery Quintero Crédito: Tomada de X: @Acopi_Atlantico

Más de 34.000 empleos estarían en riesgo si las microempresas afectadas por el terremoto no logran reabrir rápidamente sus negocios, según el reporte ejecutivo “Tejido empresarial afectado por el terremoto”, presentado por la doctora Romery Quintero, directora Ejecutiva de Acopi en el Atlántico.

“Lo que nosotros necesitamos para la micro es que, si nosotros no reabrimos rápidamente esas microempresas, es un empleo que se pierde. Si tomamos solamente esas cifras, estamos hablando aproximadamente de unos 34.000 empleos que pueden estar en estos momentos en riesgo”, expresó Quintero.

El documento registra 26.708 empresas afectadas, de las cuales el 43 % no puede operar debido a los daños ocasionados por el terremoto. El dato que genera mayor preocupación es que el 93,8% del tejido empresarial afectado corresponde a microempresas, un segmento con menor capacidad financiera para soportar una interrupción prolongada de sus actividades.

Quintero aclaró que las cifras son parciales, debido a que todavía existen empresarios que no han logrado reportar sus afectaciones a través de los mecanismos establecidos por las autoridades y Confecámaras.

“Es muy preocupante cuando nosotros observamos esa cifra de 26.708. Hay que aclarar que esto es un informe parcial, porque todavía existe mucha gente que no se ha reportado por los diferentes medios o metodologías que se están utilizando y que viene liderando Confecámaras”.

El llamado: apoyo para las microempresas

La dirigente gremial hizo énfasis en que detrás de cada microempresa afectada existe, en muchos casos, una familia que depende directamente de la actividad económica.

“Cuando hablamos de microempresa, estamos hablando prácticamente del sustento familiar. Personas que hacen una labor y que tienen entre uno y cinco trabajadores y gran parte de esos trabajadores son parte de la familia”.

Uno de los datos que refuerza la necesidad de una intervención rápida es que el 70,1 % de las empresas reporta pérdidas económicas inferiores a $20 millones.

Según Quintero, se trata de negocios con capitales muy pequeños, por lo que incluso una pérdida relativamente baja puede significar la imposibilidad de volver a operar.

“Son micros, pequeños capitales. Hay gente que, Jorge, tiene un capital de uno, dos, cinco millones de pesos. Es poco, pero es difícil para llegar a entregar el recurso”.

Por esta razón, el llamado al Gobierno es a facilitar y agilizar el acceso a los recursos de apoyo, especialmente para las empresas más pequeñas.

Piden coordinación para entregar las ayudas

Otro de los grandes retos está en la capacidad de los territorios para ejecutar los recursos que sean destinados a la reconstrucción.

Quintero reconoció los esfuerzos adelantados por el Gobierno, pero advirtió que existen municipios afectados que no tienen suficiente capacidad institucional para administrar y ejecutar los recursos.

“Hay muchos municipios de los afectados que no tienen la capacidad de ejecutar apropiadamente recursos y ese es uno de los temas que debe revisarse”.

Ante esta situación, propuso que la Federación Colombiana de Municipios ayude a articular a las alcaldías que cuentan con mayor capacidad de ejecución con aquellas que enfrentan dificultades.“La Federación de Municipios puede jugar un papel muy importante con esas alcaldías que sí tienen capacidad de ejecución y puedan apoyar a aquellas que no pueden”.

El caso del Chocó representa, según Quintero, uno de los mayores desafíos, debido a las brechas sociales y económicas que ya existían antes de la emergencia.

“Ya veníamos con tantas brechas desde lo social, desde lo económico, y ¿cómo vamos a hacer para reconstruir? No va a ser un tema fácil”.

La ayuda debe convertirse en reactivación

Organizaciones como Acopi ya adelantan acciones en Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, donde se realizan inventarios de los establecimientos afectados, se determina cuáles pueden recuperarse y cuáles requieren reubicación.

También se han desarrollado acciones de emergencia, entre ellas la reubicación de personas en lugares arrendados y la entrega de alimentos.

Sin embargo, Quintero considera que el siguiente paso debe ser la reactivación empresarial.

“Estamos reubicando gente en lugares en arriendo, estamos entregando cantidad de alimentos, pero llega un momento en que ya hay que retomar la actividad empresarial de todas esas personas que están liderando el proceso”.

Por eso, el llamado final está dirigido al Estado para que los recursos lleguen efectivamente a los territorios y, especialmente, a las microempresas que necesitan capital para volver a operar.

“Le corresponde ya al Estado dispersar recursos con los territorios y allí es donde vamos a tener la complicación”.

Para el sector empresarial, la prioridad es clara: que las ayudas lleguen rápido, que los empresarios afectados puedan acceder a los recursos y que las microempresas vuelvan a abrir sus puertas antes de que la emergencia se convierta en una crisis permanente de empleo e ingresos.

Temas clave

¿Cuántos empleos estarían en riesgo por las afectaciones a las microempresas?

Más de 34.000 empleos podrían estar en riesgo si las microempresas afectadas no logran reanudar rápidamente sus actividades económicas.

¿Cuál es la magnitud de la afectación empresarial?

El reporte registra 26.708 empresas afectadas, de las cuales 43 % no puede operar. Además, el 93,8 % corresponde a microempresas.

¿Por qué se requiere apoyo urgente para estos negocios?

Porque muchas microempresas representan el sustento de familias y cuentan con capitales muy pequeños. El 70,1 % reportó pérdidas inferiores a $20 millones, pero aun esos montos pueden impedirles volver a funcionar.

¿Qué están solicitando al Gobierno?

Se pide agilizar la entrega de ayudas y recursos, además de fortalecer la capacidad de los municipios para ejecutarlos, con el objetivo de lograr una rápida reactivación de las microempresas y proteger el empleo.


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