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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que en los próximos meses ampliará los requerimientos de información a más empresas sobre los mecanismos que utilizan para fijar precios, aplicar descuentos y definir márgenes de ganancia.
La decisión se produce luego de que la entidad solicitara información a cinco compañías: Nalsani S.A.S., Whirlpool Colombia S.A.S., Continente S.A.S., Panamericana Librería y Papelería y Supertiendas y Droguerías Olímpica.
El proceso ha generado reparos de los gremios empresariales, que advierten posibles extralimitaciones en las facultades de la entidad.
Más requerimientos en camino
En diálogo con La FM, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, confirmó que las solicitudes no se limitarán a las primeras empresas.
“Van a venir varios requerimientos, otros adicionales; creo que el día de hoy la delegatura iba a hacer por el orden de otros 15 nuevos requerimientos a otras empresas que también tienen gran impacto en el mercado”, señaló.
La funcionaria agregó que otras dependencias de la entidad también harán solicitudes en los próximos días. “La Delegatura para la Protección a la Libre Competencia también en los próximos días llegará a determinados agentes del mercado una serie de requerimientos de información”, dijo.
Indagaciones preliminares, según la SIC
Rusinque explicó que estas solicitudes hacen parte de indagaciones preliminares y de las facultades ordinarias de inspección, vigilancia y control de la entidad.
“No es una novedad que la superintendencia (…) realice requerimientos de información a las empresas para poder determinar (…) si eventualmente las mismas han cometido conductas que violen el régimen del consumidor o de libre competencia”, afirmó.
Según la superintendente, los requerimientos tienen como antecedente un monitoreo que la entidad adelanta desde febrero de 2025, tanto en comercio físico como electrónico.
“Se trata de indagaciones preliminares (…) uno de los instrumentos mínimos de acceso a la información que nos permite adelantar investigaciones y, de haber lugar, determinar si se hace una apertura formal o no”, explicó.
También sostuvo que la entidad no tiene facultad para fijar precios. “La ciudadanía tiene claro que nosotros acá no fijamos precios, pero sí tenemos la labor de velar por los intereses de los consumidores”, explicó.
Las preguntas a las empresas
Entre las preguntas enviadas por la SIC a las compañías se encuentran:
- Indicar los procedimientos y parámetros para fijar precios y descuentos.
- Detallar los criterios para establecer márgenes mínimos de ganancia.
- Explicar cómo inciden los costos de importación, logística y otras variables en la estructura de precios.
- Informar si el nivel de inventario influye en los descuentos.
- Precisar la vigencia de los precios y si tienen variaciones diarias.
- La SIC niega control de precios
Frente a las críticas de los gremios, que advierten sobre un supuesto control de precios, la superintendente negó que la entidad tenga esa facultad.
“La ciudadanía tiene claro que nosotros acá no fijamos precios”, dijo y agregó que la labor de la entidad es verificar el cumplimiento del régimen legal.
“Si eso implica investigar, inspeccionar o sancionar a los agentes del mercado, pues evidentemente tenemos que hacer uso de los instrumentos que nos dota el régimen legal”, afirmó.
También descartó que los requerimientos estén relacionados con el aumento del salario mínimo.
“Que el aumento del salario mínimo tenga necesariamente como consecuencia un impacto en los precios es una gran mentira”, aseguró, al señalar que los requerimientos se originan en estudios adelantados por el grupo de estudios económicos de la SIC.
Respuesta a los gremios
Rusinque respondió a los señalamientos de la Andi y Fenalco sobre una supuesta extralimitación de funciones.
“Estamos hablando de un desconocimiento de las facultades de inspección, vigilancia y control que tradicionalmente ha tenido la superintendencia”, afirmó.
Añadió que el régimen legal que sustenta estas actuaciones no es nuevo.
“En materia de protección al consumidor estamos hablando de un estatuto que existe desde 2012, y en libre competencia de normas que existen desde 1959”, señaló.
Según la superintendente, estas actuaciones buscan prevenir prácticas ilegales. “Lo que buscamos es evitar que se consoliden prácticas ilegales en el mercado y mantener buenas prácticas comerciales”, indicó.
Reacción de la Andi
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó preocupación por el alcance de las solicitudes y las comparó con medidas adoptadas en Venezuela.
“Mucho preocuparía que en Colombia estuviéramos tomando medidas similares a las que fueron tomadas en ese momento en Venezuela”, afirmó.
El dirigente gremial recordó que en 2011 el gobierno de Hugo Chávez permitió a las autoridades pedir información detallada sobre costos y estructuras de precios de las empresas.
“El mundo libre identificó en esas medidas una afectación fundamental al funcionamiento del libre mercado, a la libre empresa y a las libertades”, señaló.
Agregó que por esa razón el gremio decidió alertar sobre la situación. “Hemos levantado las alertas para que no vayamos a caminar por esa peligrosa senda”, dijo.
Con el anuncio de la SIC, el requerimiento de información se perfila como un proceso que se ampliará a más empresas en los próximos meses, en medio de la discusión entre el Gobierno y los gremios sobre el alcance de las facultades de vigilancia estatal.
