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Los sistemas de transporte público que funcionan en varias ciudades de nuestro país, son producto de la Formulación de Planes de Desarrollo Nacionales, Departamentales y Municipales. Y aunque estos sistemas buscan coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, es necesario hacer una evaluación de impacto socioeconómico de estas políticas.
La historia, desde el Metro de Medellín, pasando por el MIO de Cali, el TRANSMETRO de Barranquilla, METROLINEA en Bucaramanga, MEGABUS en Pereira, y claro está TRANSMILENIO y SITP en Bogotá, parece repetirse. Los factores de crisis son muy similares. Es común encontrar corrupción, colados, inseguridad, sobrecostos, endeudamientos, quiebras, errores en el cálculo de pasajeros, mal diseño de rutas y paralelismo (transporte ilegal); por nombrar algunas de las fallas.
El SITP es un buen ejemplo de la problemática: el 58 % de sus operadores, los cuales cubren más del 60% de la ciudad, está en problemas financieros. Es un juego de azar con moneda lanzada a incertidumbre, donde los colombianos perdemos con cara y no ganamos con sello.
Cara: El problema financiero. Se afectan las finanzas públicas y la inversión social. La nación, los departamentos y los municipios tendrán que aportar recursos que eviten el posible colapso de estos modelos de transporte, que nos han vendido como la solución a los problemas de movilidad. Esto no es sólo lanzar un salvavidas a los operadores. Implica asumir los problemas financieros y contractuales de la cadena que los apoya: proveedores de repuestos y suministros, empresas fabricadoras de buses, servicios financieros, entre otros. ¿De dónde saldrá la plata? La respuesta no es alentadora: el dinero saldrá bien sea de endeudamiento (que pagamos todos), y/o de reajustes presupuestales sacrificando las inversiones en salud, Educación, seguridad etc., que en últimas también pagamos todos.
Sello: El problema social. El tema financiero suele ser fácilmente cuantificable, y deriva en déficit fiscal. El problema de fondo es el impacto social que generan el déficit y las externalidades asociadas: baja productividad, deterioramiento de indicadores de bienestar y calidad de vida, de infraestructura, de medio ambiente; entre otros. Esto afecta el tejido social de las urbes en Colombia. Si bien, el impacto negativo es difícil de cuantificar (no imposible), es fácil de observar. Sin contar los accidentes y las vidas que cobran, cada vez pasamos más tiempo en el tráfico, por lo que cuesta más llegar a tiempo al trabajo, al colegio o al hospital. Por lo mismo se reduce la productividad de los trabajadores (por pérdida de tiempo), que incrementa los costos en las empresas.
Se afecta el estado emocional de las personas y en consecuencia el relacionamiento, nos hacemos más irascibles y casi proclives al conflicto. Bogotá fue calificada por Waze como la segunda ciudad con peor movilidad en el mundo; sin embargo, Medellín, Cali y Villavicencio tampoco tienen resultados alentadores. Se impacta negativamente la calidad de vida. Organizaciones como la Asociación Colombiana de Medicina del Trabajo, han encontrado evidencia de los efectos negativos en varios órganos de cuerpo humano a causa de los problemas de movilidad, lo que además de tener un costo para el sistema de salud, afecta a quienes padecen estas enfermedades.
Las medidas implementadas no dan los resultados esperados. La solución está en diseñar políticas económicas y sociales realistas, que permitan crear planes de desarrollo económico e inversiones para construir sistemas de transporte público eficientes, viables, con infraestructura adecuada; que sean humanos con las personas y con el medio ambiente, altamente auto sostenibles, y que desincentiven el uso del transporte privado. Esto implica que nuestros gobernantes promuevan, diseñen y apliquen políticas, técnicamente construidas, honestas, y objetivas; situación que se daría bajo el supuesto de que ellos y sus equipos de trabajo fueran elegidos por sus méritos y capacidades, y no por una maquinaria política.
