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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra siete empresas compradoras de arroz paddy verde por presuntamente haber adquirido el producto por debajo de los precios mínimos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se trata de las primeras actuaciones de este tipo desde que entró en vigor el régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde, una medida adoptada por el Gobierno tras las protestas de los productores arroceros, quienes denunciaban que estaban recibiendo pagos por debajo de sus costos de producción.
En respuesta a esas reclamaciones, el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 241 de 2025, mediante la cual estableció precios mínimos obligatorios de compra para las zonas productoras del Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes. Bajo este esquema, los compradores pueden pactar un precio superior, pero no uno inferior al piso fijado por el Gobierno.
Las empresas investigadas
Las investigaciones de la SIC abarcan operaciones realizadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025. Durante visitas de inspección adelantadas entre enero y abril de 2026 y mediante requerimientos posteriores, la entidad recopiló información contable, financiera y comercial para verificar el cumplimiento de la regulación.
Tras comparar los valores pagados a los productores con los precios mínimos establecidos para cada zona productiva, la SuperIndustria encontró indicios de que algunas operaciones se habrían realizado por debajo del valor regulado.
Los procesos administrativos fueron abiertos contra Agroindustria Sismar S.A.S., Agrointegral Andina S.A.S., Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa S.A.S., Coproarroz del Llano S.A.S., Estación Agrícola S.A.S. y Villarroz S.A.
"La regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel. Detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La SIC tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y actuar cuando encuentra indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda", señaló la entidad.
¿Qué encontró la SIC?
La SuperIndustria explicó además que algunas de las empresas investigadas se adhirieron al acuerdo de estabilización autorizado por la entidad. Sin embargo, precisó que las operaciones objeto de los cargos "se habrían realizado en periodos no amparados por dicho acuerdo y, por tanto, debían observar el precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural".
Los procedimientos administrativos se encuentran en etapa de formulación de cargos, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías investigadas.
Cada una dispondrá de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo, para presentar sus descargos y aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes.
Si al término de la investigación se comprueba el incumplimiento de la regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, entre ellas multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El contexto de la regulación
La investigación se deriva de la entrada en vigor del régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde, implementado por el Ministerio de Agricultura mediante la Resolución 241 de 2025 tras las protestas del sector arrocero. En ese momento, los productores reclamaban que el precio pagado por la industria no cubría los costos de producción.
Con esta actuación, la SIC inició las primeras investigaciones derivadas de ese régimen y busca establecer si los compradores respetaron el precio mínimo obligatorio fijado para las diferentes zonas productoras del país.
¿Por qué la SIC investiga a siete compradores de arroz?
Porque encontró indicios de que habrían comprado arroz paddy verde por debajo del precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura para cinco zonas productoras del país.
¿Qué empresas fueron investigadas por la SIC?
Las investigaciones involucran a Agroindustria Sismar S.A.S., Agrointegral Andina S.A.S., Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa S.A.S., Coproarroz del Llano S.A.S., Estación Agrícola S.A.S. y Villarroz S.A.
¿Por qué existe un precio mínimo para el arroz en Colombia?
El Gobierno estableció un régimen de libertad regulada mediante la Resolución 241 de 2025, después de las protestas de los arroceros, con el fin de evitar que los productores recibieran pagos por debajo de sus costos de producción.
¿Qué sanciones podrían enfrentar las empresas investigadas?
Si al finalizar el proceso la SIC comprueba el incumplimiento de la regulación, las empresas podrían recibir multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
¿En qué etapa está la investigación de la SIC?
El proceso se encuentra en la etapa de formulación de cargos. Las empresas investigadas tienen 15 días hábiles para presentar sus descargos y las pruebas que consideren pertinentes.
