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Tras la sanción del presidente Gustavo Petro a la reforma laboral, aprobada en un trámite inédito por el Congreso de la República, comenzaron a conocerse nuevas críticas desde el sector empresarial.
El presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa, cuestionó con firmeza la norma, al considerar que no fue producto del diálogo ni del rigor técnico.
“Esta reforma no es fruto del consenso ni de la articulación; no responde a criterios técnicos ni a una proyección económica seria. Es el resultado del chantaje que el Gobierno impuso al país para construir un escenario electoral favorable a sus intereses”, declaró Correa.
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Desde la perspectiva de Acopi, las medidas incluidas en el articulado tendrán efectos negativos inmediatos sobre el sector productivo, especialmente en las micro y pequeñas empresas, debido al incremento de los costos laborales.
“Estimamos que medidas como el recargo nocturno, el pago del 100 % por trabajo en domingos y festivos, y la modificación del contrato de aprendices del Sena podrían representar para una pequeña empresa un aumento de hasta 157 millones de pesos anuales. En el caso de las microempresas, los nuevos costos alcanzarían cerca de 22 millones al año”, explicó.
Correa advirtió que estos incrementos no vienen acompañados de herramientas que garanticen estabilidad empresarial. “Muchas empresas se verán obligadas a cerrar, y se perderán empleos debido a esta acción populista e inconsulta del Gobierno y a la falta de firmeza del Senado para rechazar la manipulación”.
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Preocupación
El dirigente gremial también alertó sobre los impactos que la reforma tendría en el mercado laboral. “En Colombia hay 25 millones de personas en edad de trabajar. Solo 10 millones tienen un contrato formal y serán los únicos beneficiados con esta reforma. Pero hay 12,5 millones en la informalidad, sin acceso a salario mínimo ni seguridad social”, advirtió.
Agregó que los mayores costos llevarán a muchas empresas a reducir su planta de personal o a evitar nuevas contrataciones. “Para una pequeña empresa, esto puede significar el equivalente a tres nuevos salarios. Para una microempresa, será como asumir el costo de un empleado más que no genera producción”.
Lo que quedó por fuera
Acopi insiste en que las verdaderas necesidades de las mipymes no fueron tenidas en cuenta. Correa señaló tres pendientes estructurales: “Primero, un régimen tributario diferenciado, ya que hoy pagamos con el mismo modelo que las grandes empresas, lo cual es insostenible. Segundo, un plan de transformación tecnológica: el 80% de las mipymes aún no ha comenzado su digitalización. Y tercero, acceso al crédito con tasas razonables: mientras a los bancos se les presta al 7 %, los micro y pequeños empresarios enfrentan intereses del 23 % anual”.
“Representamos el 99,5 % del tejido empresarial del país. En Colombia, hacer empresa es casi un acto de resistencia frente al Estado”, concluyó.
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Cuestionamiento
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a través de su presidente, Jaime Alberto Cabal, también expresó preocupación por la reforma, al considerar que fue aprobada sin análisis técnico ni concertación.
“El Senado le entregó al Gobierno una mala reforma laboral a cambio de no realizar una consulta popular”, afirmó Cabal. “Se trata de una decisión equivocada, producto de presiones, chantajes y cálculos políticos, no de un verdadero diálogo social ni de estudios rigurosos”.
Recordó que esta misma iniciativa había sido archivada anteriormente por sus posibles efectos sobre el empleo y la sostenibilidad empresarial. Según estimaciones del gremio, la reforma podría incrementar los costos laborales entre un 18 % y un 34 %, dependiendo del tamaño de la empresa y el sector económico.
Fenalco advirtió que ese aumento desincentivará la contratación formal y empujará a muchas empresas hacia la informalidad. Los sectores más afectados serían aquellos con horarios extendidos, como tiendas, panaderías, restaurantes, cafeterías, turismo, vigilancia y transporte.
“No es justo que estos negocios terminen asumiendo el costo de decisiones tomadas bajo presión política. La reforma penaliza justamente a quienes más empleo generan”, añadió Cabal.
Finalmente, lamentó que el trámite legislativo no respetara el principio constitucional de concertación tripartita. “El Senado ignoró estudios, como los del Banco de la República, que advierten que la reforma podría destruir más de 454.000 empleos formales, lo cual contradice su propósito central: mejorar la calidad del trabajo en Colombia”, concluyó.
