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La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, una organización que vigila la ejecución de recursos públicos y advierte sobre potenciales casos de corrupción, denunció posibles irregularidades en el trámite de un proyecto del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) que sobrepasa los 62,7 mil millones de pesos.
La iniciativa, financiada con recursos de la Asignación para la Paz —un fondo del Sistema General de Regalías que se concentra en 170 municipios afectados por la pobreza y la violencia—, sigue su curso en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (Ocad Paz), la instancia que aprueba ideas de inversión en los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Antes de que el órgano apruebe el programa, la Veeduría le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar a profundidad. Una de las alertas es la posible duplicación de inversiones, es decir, comprometer dinero para obras o actividades que ya cuentan con financiación de otros programas del Estado.
La Veeduría, además, pidió verificar las cifras y la caracterización de las comunidades que serían beneficiarias de la propuesta, identificada como BPIN 20251301010899.
Las advertencias quedaron en manos de la Procuraduría
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el proyecto busca “incrementar los niveles de productividad y gestión empresarial” en estrategias de transformación del coco y el cacao en Timbiquí, López de Micay, Guapi y Buenaventura.
Unas 120 personas de los cuatro municipios serían beneficiarias, añade la ficha del BPIN en el Mapa de Inversiones del DNP, que reseña que el presupuesto solicitado es de 49,25 mil millones de pesos, una cifra inferior a los 62 mil millones que menciona la denuncia de la Veeduría. En todo caso, aún queda que el Ocad Paz se pronuncie.
La Procuraduría, que ya le asignó un radicado a la alerta, es la encargada de establecer si existieron irregularidades o no. La oenegé solicitó constatar si se incumplió el requisito de consulta previa con las comunidades y, también, si no se ve afectada la sostenibilidad de la inversión pública.
Si el Ocad Paz aprueba el proyecto, tendría que ejecutarse en doce meses. El consejero comisionado para la paz preside el órgano. En el gobierno saliente, de Gustavo Petro, el cargo lo ocupa Otty Patiño, y en el entrante, de Abelardo de la Espriella, persiste la incógnita, pues el próximo mandatario ha planteado eliminar la oficina.
Piden máxima vigilancia sobre las inversiones en medio del cambio de gobierno
Además del comisionado, participa el Ministerio de Hacienda, que hoy lidera Germán Ávila y en el siguiente Ejecutivo lo hará Miguel Gómez Martínez, y la secretaría técnica la ejerce el DNP.
El contexto cobra especial importancia porque la intervención podría quedar aprobada en la recta final del gobierno Petro y ejecutarse durante la administración de De la Espriella.
Para la organización, “existen elementos que ameritan una verificación exhaustiva por parte de las autoridades”, para así evitar riesgos en “los principios de transparencia, planeación y correcta destinación de los recursos públicos”.
“Resulta especialmente relevante que cualquier decisión relacionada con la aprobación de proyectos financiados con recursos públicos cuente con las máximas garantías de transparencia y control institucional”, manifiesta la Veeduría, sobre todo “a menos de un mes de la finalización del actual gobierno”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué denuncia rodea el proyecto de más de $62.700 millones que avanza en el Ocad Paz?
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia alertó sobre presuntas irregularidades en el trámite de un proyecto financiado con recursos de la Asignación para la Paz y pidió a la Procuraduría revisar el proceso antes de que el Ocad Paz tome una decisión. Entre las advertencias figuran una posible duplicación de inversiones y dudas sobre la caracterización de los beneficiarios.
¿En qué consiste el proyecto y dónde se ejecutaría?
Según el Departamento Nacional de Planeación, la iniciativa busca fortalecer la productividad y la gestión empresarial alrededor de las cadenas del coco y el cacao en Timbiquí, López de Micay, Guapi y Buenaventura. La ficha del proyecto identifica a unas 120 personas como beneficiarias y señala un presupuesto solicitado inferior al mencionado en la denuncia, diferencia que también quedó bajo la lupa.
¿Qué deberá verificar la Procuraduría?
El Ministerio Público recibió la denuncia y deberá establecer si existieron irregularidades en la estructuración del proyecto. La Veeduría pidió revisar, entre otros aspectos, un eventual incumplimiento de la consulta previa, la posible financiación de actividades ya cubiertas por otros programas estatales y el impacto que tendría la iniciativa sobre la sostenibilidad de la inversión pública.
¿Por qué el momento de la aprobación genera especial atención?
El proyecto podría ser aprobado en las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro y ejecutarse durante la administración de Abelardo de la Espriella. Ese escenario llevó a la Veeduría a pedir la máxima vigilancia institucional para garantizar la transparencia y la correcta destinación de los recursos públicos en medio del cambio de gobierno.
