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En un reciente comunicado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha revelado que la inflación anual en Colombia experimentó un marcado descenso, ubicándose en diciembre de 2023 en un 9,28%.
Este dato ha sido destacado por el gobierno, ya que representa un retorno a los números de un solo dígito después de un prolongado periodo de un año y medio.
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El índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja claramente el impacto del movimiento de los precios en el costo de vida de los ciudadanos. En un esfuerzo por contrarrestar la creciente desaceleración económica y contribuir a la disminución de la inflación, el Gobierno ha tomado la decisión de desvincular aproximadamente 100 productos y servicios que estaban previamente ligados al aumento del salario mínimo, la inflación y la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Como parte de esta estrategia, estos productos y servicios ahora serán evaluados utilizando un nuevo indicador introducido con el Plan Nacional de Desarrollo: la Unidad de Valor Básico (UVB).
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Según el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el objetivo de estas medidas es alcanzar una tasa de inflación del 3%, además de salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares. Bonilla expresó: "Todos tenemos la perspectiva de que la inflación continuará disminuyendo y que los colombianos experimentarán un mayor poder adquisitivo".
La resolución 3268, emitida el 18 de diciembre de 2023, estableció el valor de la UVB en $10.951. En consecuencia, varias actividades han sido eximidas de verse afectadas por la inflación, entre ellas:
- Todos los cobros, sanciones, multas, tarifas y requisitos financieros relacionados con la constitución, habilitación, operación o funcionamiento de empresas públicas y/o privadas.
- Requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y/o ser beneficiario de programas del Estado.
- Montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras.
- Montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador.
- Cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud.
- Clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y/o sus ingresos.
- Incentivos para la prestación de servicio público de aseo.
- Honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos.
