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El Gobierno nacional expidió un decreto que elimina la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, como parte de un ajuste al régimen salarial en línea con criterios fiscales y de equidad.
La prima especial de servicios, que alcanzaba 16 millones 914.540 pesos, no corresponde a la prima de servicios semestral, sino que es uno de los tres componentes de la remuneración mensual de los congresistas.
Actualmente, su salario se compone de sueldo básico, prima especial de servicios y gastos de representaciones.
Con el nuevo decreto, los legisladores solo tendrán dos componentes, lo que se traduce en una reducción del sueldo mensual.
Fin de la prima especial, creada en 2013
A través del decreto, el Ejecutivo derogó el Decreto 2170 de 2013, norma que estableció la prima especial. Según el Gobierno, la permanencia de este pago ya no es compatible con el marco constitucional y fiscal vigente.
En el texto se señala que “la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio”, con el objetivo de garantizar sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto y equidad.
El decreto cita la Sentencia CA-08 de 2021 de la Corte Constitucional, en la que se aclara que no toda limitación a un derecho laboral constituye una vulneración. En esa decisión, el alto tribunal precisó que:
“La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos”.
Sustento constitucional de la medida
La Corte también indicó que el derecho al reajuste salarial no debe aplicarse de manera automática a todos los servidores públicos, sin considerar su nivel de ingresos, al señalar que no es obligatorio reconocerlo “independientemente de su nivel de ingresos”.
El Gobierno justificó la derogatoria al considerar que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la situación económica del país.
En el decreto se advierte que esta situación dificulta el cierre de brechas planteado en la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
En ese contexto, el Ejecutivo afirmó que la eliminación de la prima busca “reorientar una senda de gastos” y aplicar medidas de austeridad que no afecten derechos fundamentales.
Entrada en vigencia
La norma, incluida en el Decreto 003 de 2026, establece que la eliminación de la prima especial tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, y aplica únicamente para los congresistas que se posesionen desde esa fecha. El decreto rige desde su publicación y deja sin efecto todas las disposiciones que le sean contrarias.
Además, se ratifica que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la única entidad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional.
