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El presidente Gustavo Petro afirmó que su decisión es “liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”. La compañía, encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se encuentra intervenida por el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024.
El mandatario también planteó que el Congreso debe habilitar a Ecopetrol para generar energía eléctrica para el público, en el marco del programa Colombia Solar, que —según dijo— cuenta con 8 billones de pesos aprobados para su expansión en la región Caribe. Petro agregó que las regalías podrían ser una fuente de financiación para proyectos de energías limpias, aunque insistió en que la empresa resultante debe tener carácter nacional para garantizar la inversión.
La propuesta se da en medio de una situación financiera compleja de Air-e, que representa cerca del 12 % de la demanda nacional de energía. Las deudas acumuladas y los retrasos en pagos han sido señalados por gremios como un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.
Reacción del sector: advertencias por legalidad y deudas
Desde el sector energético, la propuesta generó cuestionamientos. El presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, afirmó a La FM que la empresa lleva cerca de 21 meses bajo intervención estatal y que, en ese periodo, la responsabilidad de su operación ha recaído en el Gobierno.
“Está en cabeza de la Nación, en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos, la responsabilidad de atender el servicio de energía eléctrica en esos tres departamentos”, explicó.
Castañeda señaló que la propuesta de liquidación “nos coge a todos por sorpresa”, pero además la calificó como “totalmente inconveniente” y “absurda”, al advertir que no existe claridad sobre el tamaño total de las deudas de la compañía.
Según el dirigente gremial, solo con el sector eléctrico las obligaciones ascienden a cerca de 2,5 billones de pesos, a lo que se suman compromisos con otros acreedores. “Liquidar la compañía requiere primero honrar esas deudas. De lo contrario, sería un desfalco a los acreedores”, afirmó a este medio.
En esa línea, advirtió que avanzar en una liquidación sin pago previo equivaldría a “hacerle conejo a toda la gente que le ha prestado plata a la compañía”, lo que —según dijo— podría desencadenar demandas contra la Nación y consecuencias fiscales y penales para los funcionarios que adopten esa decisión.
Deterioro financiero durante la intervención
El presidente de Andeg también hizo un recuento del estado financiero de la empresa. Indicó que, al momento de la intervención, Air-e tenía deudas cercanas a 560 mil millones de pesos con el sector eléctrico. Sin embargo, aseguró que esa cifra se ha multiplicado durante la administración estatal.
“Hoy la deuda es de 2,5 billones de pesos. Se multiplicó por cinco veces”, señaló, al tiempo que atribuyó ese incremento a problemas de gestión durante la intervención.
Castañeda cuestionó además la falta de información financiera. “No hay estados financieros en tres años. Nadie conoce la situación real de la empresa porque no son públicos”, afirmó, y agregó que han pasado al menos seis agentes interventores en menos de dos años.
Finalmente, sostuvo que la solución no puede ser la liquidación sin respaldo financiero: “Lo responsable hubiera sido fondear el fondo empresarial de la Superintendencia para honrar las obligaciones. Ahora la salida es liquidarla, lo cual sería sacar un conejo del sombrero”.
Riesgos para el sistema eléctrico
Dado el peso de Air-e en el mercado, los gremios han advertido que cualquier decisión sobre su futuro puede tener efectos sobre toda la cadena del sistema eléctrico, desde la generación hasta la comercialización.
Las alertas se concentran en el impacto que tendría una eventual liquidación sin pago de deudas, lo que podría afectar la confianza de los agentes del sector y abrir un escenario de litigios contra el Estado.
