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La demanda de Odebrecht por 3.8 billones de pesos contra el Estado colombiano se está gestionando por medio del Acuerdo de Protección de Inversiones que firmó Colombia con España en marzo de 2005, según un informe de la Red de Justicia Tributaria (LDJT).
El organismo señaló que la compañía brasilera utilizó a una de sus filiales que opera en España (Odebrecht Latinvest Transport Colombia SL) para aprovechar el acuerdo y demandar al país.
"Odebrecht demandó a Colombia por “expropiación ilegal de sus intereses”, amparado en el artículo 4 del acuerdo, que hace parte de todo el andamiaje de negocios internacionales que ha suscrito Colombia con los Tratados de Libre Comercio (TLC)", apunta el informe.
Según Mario Alejandro Valencia, vocero de Justicia Tributaria, este es un mecanismo común en este tipo de empresas, diseñado para hacer casi imposible el seguimiento de la información financiera de las multinacionales.
"En este mismo marco la multinacional Tobie Mining, de origen canadiense pero radicada en Estados Unidos, demandó a Colombia por USD 16.500 millones. Asimismo, en el marco del Acuerdo con España está en curso la demanda de Telefónica contra la Nación por COP 2,8 billones, la de Gas Natural Fenosa por COP 4,6 billones y ahora se suma la de Odebrecht por COP 3,8 billones", señala el informe de LDJT.
El documento asegura que el Estado colombiano sabía al menos hace seis meses de la intención de la demanda de Odebrecht.
