La FM en Google News
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la declaratoria de emergencia económica del Gobierno y anunció que se interpondrá una acción jurídica ante el alto tribunal, al considerar que la medida no tiene sustento legal y afecta el manejo fiscal del país.
«La suspensión provisional no existe en la legislación colombiana»
Ávila aseguró que la figura utilizada por la Corte no está contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano y recordó un precedente de 1994.
«Evaluamos que la figura de la suspensión provisional de decretos de estados de excepción no existe en la legislación colombiana», afirmó.
Según el ministro, la aplicación de esta medida vulnera el derecho fundamental al debido proceso y abre la posibilidad de múltiples acciones de tutela.
«En 1994 el legislador intentó crear la suspensión provisional en estados de excepción y fue la misma Corte Constitucional la que estableció que era inconstitucional. Por lo tanto, dicha figura no existe», sostuvo.
Advertencia sobre posibles impedimentos de los magistrados
El jefe de la cartera de Hacienda señaló que la decisión adoptada podría generar un escenario de impedimentos dentro del propio tribunal constitucional.
«La Corte toma una decisión en la cual está colocando a todos los miembros en condición de inhabilitarse para actuar sobre la decisión definitiva o de fondo, en la medida en que se está prejuzgando», explicó.
Ávila indicó que, al emitir un pronunciamiento previo, los magistrados podrían quedar impedidos para fallar de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
«Podríamos considerar que en este momento se han inhabilitado todos los miembros de la Corte Constitucional para emitir un fallo de fondo», añadió.
Gobierno interpondrá acción jurídica ante la Corte
El ministro confirmó que el Ejecutivo acudirá nuevamente al alto tribunal para controvertir la decisión adoptada.
«Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma Corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que no existen precedentes en la legislación colombiana ni en nuestra normatividad», señaló.
Impacto fiscal y posible uso de deuda pública
Frente al manejo del presupuesto general de la Nación, Ávila advirtió que, ante la falta de fuentes tributarias, el Gobierno podría verse obligado a recurrir a deuda pública.
«Si llega a ser necesario, para garantizar el presupuesto general de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública, eso es justamente lo que hemos procurado evitar», afirmó.
Insistió en que la posición del Gobierno ha sido financiar el gasto público con ingresos tributarios y no con endeudamiento.
«La manera adecuada de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios, no a través de deuda», puntualizó.
Riesgo país y costo de la deuda
El ministro también se refirió al impacto de las decisiones institucionales en los mercados financieros y en la prima de riesgo del país.
«Ha sido muy evidente cómo la prima de riesgo a 10 años se ha incrementado cuando se han negado las fuentes tributarias para la atención del presupuesto público», dijo.
Recordó que tras el hundimiento de la ley de financiamiento en diciembre se registró un aumento del riesgo país, situación que se revirtió parcialmente con la declaratoria de emergencia económica.
«Esta decisión de la Corte Constitucional va a tener como efecto el incremento de las primas de riesgo y el mayor costo de la deuda, tanto interna como externa», concluyó.
