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La FM conoció en primicia un documento de 14 páginas enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Corte Constitucional, en el que la entidad defiende la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
El texto fue remitido por Rosa Dory Chaparro Espinosa, jefa de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda, en representación del ministro Germán Ávila Plazas, al magistrado ponente Carlos Camargo Assis.
En el documento, la entidad solicita negar las peticiones de suspensión provisional del decreto y expone los hechos que, a su juicio, cumplen con los criterios exigidos por la jurisprudencia constitucional para justificar una emergencia.
Suspensión del decreto, una medida excepcional sin precedente
En primer lugar, el Ministerio advierte que la suspensión provisional de un decreto legislativo expedido en emergencia económica sería una decisión extraordinaria y sin antecedentes en la historia de la Corte Constitucional.
Según el documento, adoptar esa medida implicaría modificar el alcance del control constitucional sin respaldo normativo expreso y sin un procedimiento que garantice el derecho de defensa.
Además, recuerda que la propia Corte ha sostenido que la suspensión de este tipo de normas “configura una clara y abierta violación de la normatividad suprema”, criterio que ha sido reiterado como cosa juzgada constitucional.
Crisis fiscal inmediata por orden judicial en salud
Uno de los puntos que el Ministerio de Hacienda considera más graves desde el punto de vista fiscal, es la orden de la Corte Constitucional de equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con la del régimen contributivo.
La entidad señaló que esa decisión transformó un problema estructural del sistema de salud en una obligación de exigibilidad inmediata, al requerir recursos adicionales estimados en $3,3 billones que no estaban previstos en el Presupuesto General de la Nación ni podían ser cubiertos con ajustes ordinarios.
El documento advierte que de no contar con esos recursos, se pondría en riesgo la atención en salud de cerca de 23 millones de personas pobres y vulnerables, y que el incumplimiento de la orden judicial expondría al Estado a desacatos y a una mayor litigiosidad con impacto fiscal adicional.
Seguridad y orden público: presión fiscal extraordinaria
Otro de los hechos que el Ministerio de Hacienda presenta como determinante, es el agravamiento simultáneo de la situación de seguridad y orden público, que obligó a incrementar de forma inmediata el gasto público.
La entidad estima que el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección requiere alrededor de $1 billón adicional, mientras que las necesidades del sector defensa para enfrentar nuevas dinámicas del conflicto, incluido el uso de drones por parte de grupos armados ilegales, ascienden a $2,7 billones.
A ello se suma el contexto electoral, con más de 100 precandidatos presidenciales y más de 3.200 candidatos al Congreso, lo que incrementó de manera sustancial las obligaciones de protección sin que existiera respaldo presupuestal suficiente.
Falta de ingresos por rechazo de leyes de financiamiento
En materia de ingresos, el Ministerio de Hacienda señala como un factor crítico la no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.
En particular, advierte que la negativa de la ley de financiamiento del presupuesto de 2026 eliminó de manera abrupta ingresos por $16,3 billones, pese a que el propio Congreso había aprobado previamente el monto del gasto con base en esos recursos.
Según el Ministerio de Hacienda, esta ruptura entre gasto autorizado e ingresos disponibles agravó de forma súbita el desbalance estructural de las finanzas públicas y desbordó los mecanismos ordinarios de ajuste fiscal.
Desastres naturales y brecha de financiamiento
El documento también expone el impacto fiscal de la variabilidad climática extrema y de eventos como el terremoto en Paratebueno y Medina, que se sumaron a una temporada prolongada de lluvias intensas.
La entidad advierte que las necesidades financieras para la atención de emergencias y reconstrucción ascienden a cerca de $1,94 billones, mientras que la asignación real disponible fue de apenas $200.000 millones, lo que dejó una brecha significativa imposible de cubrir con instrumentos ordinarios.
Sentencias judiciales sin respaldo de caja
Otro elemento central es la acumulación de sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago. Con corte al 19 de enero de 2026, el Ministerio reporta $1,49 billones obligados presupuestalmente para indemnizaciones a víctimas que no han podido ser girados por falta de liquidez en la Tesorería General de la Nación.
El documento señala que esta situación afecta directamente a más de 151.000 víctimas y constituye una imposibilidad material de cumplimiento, pese a que las apropiaciones fueron realizadas formalmente.
Subsidios de servicios públicos y riesgo sistémico
En el frente de obligaciones legales, el Ministerio de Hacienda advierte que el atraso en el pago de subsidios a energía eléctrica y gas combustible alcanzó $5,1 billones en 2025, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.
El caso más crítico, según el documento, es el de la región Caribe, donde la situación financiera de Air-e compromete la continuidad del servicio para más de cinco millones de personas, lo que podría derivar en una crisis social de gran escala.
Endeudamiento y restricciones de la regla fiscal
El Ministerio también expone que las alternativas de endeudamiento se encuentran prácticamente agotadas, incluso tras la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. La concurrencia de mayores obligaciones, límites legales y condiciones más restrictivas del financiamiento internacional redujo de forma drástica el margen de maniobra del Gobierno.
Finalmente, Hacienda advierte sobre la situación de liquidez de la Tesorería General de la Nación, con rezagos presupuestales que pasaron de $24 billones en 2023–2024 a $51 billones en 2024–2025, y un estimado cercano a $44 billones para el cierre de 2026.
Según el documento, estas obligaciones exigibles no han podido ser atendidas con medidas administrativas ordinarias ni con operaciones de deuda, lo que afecta directamente la garantía de derechos fundamentales de población vulnerable.
En conclusión, el Ministerio de Hacienda sostiene que la concurrencia simultánea de estos factores fiscales —ingresos insuficientes, obligaciones judiciales inmediatas, restricciones de endeudamiento, crisis de caja y mayores gastos en salud, seguridad y desastres— configura una situación extraordinaria que no podía ser prevista ni atendida con los mecanismos ordinarios del Estado.
Por ello, solicita a la Corte Constitucional negar las solicitudes de suspensión del Decreto 1390 de 2025 y permitir que el Gobierno mantenga las herramientas excepcionales adoptadas para enfrentar la crisis fiscal y social.
