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La FM conoció el borrador del proyecto de decreto que podría cambiar las reglas para plataformas como Airbnb en Colombia este 18 de diciembre. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propone ajustes a la normativa turística que pondrían en aprietos a las aplicaciones de arriendo temporal en el país.
Cabe destacar que este borrador de decreto estará abierto a comentarios y sugerencias hasta el 17 de diciembre. Una vez cierre ese periodo de observaciones, el Gobierno podrá realizar los ajustes finales que considere pertinentes y, de no introducir cambios de fondo, podría expedir el decreto en firme a partir del 18 de diciembre.
Gremio advierte impacto y falta de concertación
Juan Camilo Vargas Afanador, director ejecutivo de Asohost que agrupa a los prestadores de servicios turísticos por medio de plataformas digitales, aseguró a La FM que la propuesta tendría consecuencias profundas para el sector.
“El impacto sería profundo y dramático”, afirmó, al señalar que las entidades llamadas a verificar los documentos exigidos “no están preparadas para dar respuesta” a los nuevos requisitos.
Decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con el Registro Nacional de Turismo y las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos.Según Vargas, en Colombia existen 70.000 prestadores de servicios turísticos asociados a vivienda turística registrados en el Registro Nacional de Turismo (RNT), quienes ya cumplen con la ley vigente. “Si a este grupo de prestadores les exigen un sinnúmero de requisitos que dependen de múltiples organizaciones como bomberos, alcaldías o cámaras de comercio, esto se va a hacer totalmente inviable e imposible”, advirtió.
El director de Asohost insistió en que la vivienda turística ya cuenta con regulación. “Esto ya está regulado por la Ley 2068 de 2020. A veces se piensa que el alquiler por plataformas no tiene reglas, pero sí las tiene”, sostuvo.
Los nuevos requisitos: certificados que muchos municipios no pueden expedir
Vargas enumeró los documentos obligatorios propuestos por el Ministerio para obtener o renovar el RNT:
- Certificado de uso de suelo para actividad turística, “que en muchos municipios no se expide”.
- Reglamento de propiedad horizontal completo con autorización expresa para vivienda turística.
- Certificación de Bomberos, pese a que “hay zonas rurales donde no existe cuerpo de bomberos”.
- Concepto sanitario emitido por autoridades locales que, en varios territorios, “no tienen capacidad de expedirlo”.
- RNT individual por inmueble.
- RNT a nombre del propietario en el caso de oficinas de representación.
Para el gremio, estos requisitos convierten el RNT en “una licencia de facto”, superando su naturaleza como registro público de carácter declarativo. “Nos están percibiendo como establecimientos comerciales abiertos al público, y la vivienda turística no tiene esa característica”, dijo Vargas.
“Más de 70.000 familias y 250.000 empleos afectados”
Asohost calcula que de entrar en vigor el decreto en los términos actuales se verían comprometidos:
- Más de 70.000 familias que viven de la actividad.
- Más de 250.000 empleos del ecosistema de rentas cortas.
Vargas añadió que el impacto económico anual de esta actividad supera los $10 billones, cifras respaldadas por análisis citados por Forbes y Oxford Economics.
“El decreto tiene un exceso de potestad reglamentaria y una posible vulneración de principios constitucionales como libertad económica, igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y buena fe”, señaló. También alertó sobre un “posible riesgo de afectación al régimen de habeas data”, dado que el borrador plantea interoperabilidad entre cámaras de comercio, DIAN, Migración Colombia, autoridades ambientales, alcaldías y el MinCIT.
Cómo se enteró el gremio: “Nos notificamos de manera sorpresiva”
Asohost hace parte de la Mesa Permanente de Formalización Turística del Ministerio, pero, según Vargas, no fueron convocados a las primeras discusiones. “A las primeras reuniones donde se debatió la modificación del RNT no fuimos invitados”, afirmó.
“Exigimos el documento borrador y no se nos aportó. Nos dijeron que solo podríamos verlo cuando fuera publicado oficialmente”, relató.
Lo que más llamó la atención del gremio es que, según Vargas, “los otros gremios sí tenían la información y estaban discutiéndola”. Por eso consideran que no hubo igualdad de participación.
“De manera sorpresiva nos dimos cuenta de esto en Navidad, cuando todo el mundo está distraído”, añadió.
Riesgos operativos: entidades sin capacidad para asumir las cargas
De acuerdo con el concepto jurídico presentado por Asohost el 9 de diciembre, el proyecto también presenta riesgos institucionales:
- Cámaras de comercio tendrían que verificar certificados sanitarios, de Bomberos, POT y propiedad horizontal.
- Migración Colombia, DIAN, MinAmbiente y alcaldías serían responsables de interoperabilidad permanente.
- La alta carga documental podría convertir el RNT en un trámite pago por aumento de costos operativos.
La asociación advierte que el rediseño propuesto haría imposible que miles de prestadores renueven el registro.
La interoperabilidad, además, implicaría el cruce de datos tributarios, migratorios y ambientales sin base legal estatutaria, lo que podría vulnerar el derecho al habeas data.
Asohost pidió al Gobierno instalar una mesa técnica con participación del gremio y de todos los actores del sector. La asociación asegura que defenderá al sector en todos los escenarios institucionales mientras avanza el periodo de comentarios del borrador de decreto.
Aporte económico al país
La vivienda turística ha consolidado un impacto económico directo en la economía colombiana. Según estimaciones recientes, este modelo ha aportado USD 554 millones al PIB turístico, ha respaldado más de 64.000 empleos y generado USD 274 millones en ingresos laborales en actividades asociadas como transporte, gastronomía, comercio, servicios de limpieza y experiencias turísticas.
El efecto multiplicador del gasto indica que por cada USD 10 en alojamiento se generan USD 48 adicionales de consumo local, distribuidos en comercio minorista (USD 262 millones), transporte (USD 232 millones) y restaurantes (USD 178 millones). Solo en 2021, el gasto total de los huéspedes alcanzó USD 899 millones.
Participación ciudadana y formalización
El sector ha ampliado la participación de ciudadanos en la actividad turística. En total, 113.933 prestadores están registrados en el Registro Nacional de Turismo (RNT), y el 59,23 % corresponde a vivienda turística.
La formalización del sector tuvo un crecimiento del 109,8 % entre 2021 y 2024, lo que refleja una mayor vinculación de personas naturales y pequeños propietarios a la economía turística, sin requerir grandes inversiones.
