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Lo que arrancó con un comité que cambió los precios de peajes en el Eje Cafetero terminó en una alarma en la Procuraduría General de la Nación. Tras una semana de modificaciones clave en la concesión Autopistas del Café, que conecta a Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, el Ministerio Público tomó la palabra.
El 20 de mayo, once días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acordó tarifas diferenciales de la concesión en Caldas. Tardó más de diez horas en lograr un consenso con manifestantes que obstaculizaban el paso de vehículos en Tarapacá II, un peaje en los límites entre Risaralda y Caldas, y San Bernardo, una caseta cerca de Manizales.
Autopistas del Café opera siete peajes. A partir del miércoles pasado, cuatro de ellos —los dos Tarapacá, San Bernardo del Viento y las Pavas— comenzaron a tener precios más bajos para automóviles, camperos, camionetas y buses, los vehículos de categorías I y II, que empezaron a pagar apenas setecientos pesos.
Los acuerdos se hicieron oficiales seis días después —cinco días antes de las elecciones—, cuando la propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, acudió a la mesa entre la ANI y el comité antipeajes. Cada habitante de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia debe acreditarse ante su alcaldía para recibir el beneficio de la rebaja.
Hasta ahí todo parece ser de utilidad. Pero la controversia se agudizó cuando la ministra anunció el rechazo a la iniciativa privada Conexión Centro, la propuesta de Odinsa Vías para operar el corredor clave del Eje Cafetero en 2027, cuando termina la reversión que Autopistas del Café debe cumplirle al Estado colombiano.
Desde 1997, con el contrato de concesión 113, la concesión opera el corredor de 256 kilómetros que comunica al Eje Cafetero con Valle del Cauca pasando por el emblemático Paisaje Cultural Cafetero. Pero actualmente está en proceso de reversión, un compromiso contractual que le devuelve la vía al Gobierno.
La Procuraduría teme que el pulso por Autopistas del Café afecte las finanzas públicas
La reversión termina en febrero de 2027. Odinsa, filial de Argos, proponía intervenir parte del corredor entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila; rehabilitar doscientos kilómetros de vías; acomodar cincuenta kilómetros de ciclorruta, y complementar una doble calzada que fortalecería la conexión entre Bogotá y Buenaventura.
El objetivo era mejorar el transporte de carga y de pasajeros, y reducir hasta un 20% el tiempo de desplazamiento por el camino entre el centro del país, el occidente y el principal puerto sobre el Pacífico. Pero el Gobierno truncó los planes. Hasta ahora, no explica por qué, y por eso la Procuraduría solicitó información clave.
La Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública fue más allá de solo pedir información: sospecha de una posible terminación anticipada de la concesión y un desmonte de los peajes, así que pidió que cada decisión sea “debidamente soportada”, contemplando “medidas suficientes” para la continuidad de la operación.
“Suprimir un peaje sin fuente de reemplazo podría afectar la sostenibilidad financiera y comprometer o materializar una futura responsabilidad del Estado, así como poner en riesgo la correcta ejecución de las obras y metas previstas en beneficio de la región y de las comunidades”, le advirtió la Procuraduría al ministerio y la ANI.
El Ejecutivo, entonces, tendrá que responder a la vigilancia preventiva del Ministerio Público, indicando el estado actual del contrato de 1997 y qué obligaciones están pendientes de ejecución o cumplimiento. Además, contestará “de manera expresa, puntual, clara y sin ambigüedades” si modificará el convenio de concesión.
Petro defiende acabar con las concesiones mientras los entes de control exigen explicaciones
La Procuraduría le recordó al Ministerio de Transporte y la ANI que “en comunicaciones anteriores” al ente de control manifestaron “de manera expresa” que no terminarían el contrato antes de tiempo. Si ahora cambió de opinión, tiene que detallar “los supuestos fácticos, jurídicos, técnicos y financieros que soportan esa decisión”.
“Ante la trascendencia social de estos proyectos”, o sea, Autopistas del Café y Conexión Centro, “su alta connotación económica para el país y para las regiones, su afectación directa a las comunidades y a la ciudadanía y su amplio impacto jurídico, fiscal y contractual”, la Procuraduría ve “necesario” iniciar una vigilancia preventiva.
La ministra María Fernanda Rojas descartó una terminación anticipada de la concesión. Lo hizo en sus redes sociales. El trato “llegó a la etapa final”, así que comenzó la reversión, “natural de todo contrato de concesión”, escribió en un escueto trino en su cuenta de X. “Responderemos a todos los requerimientos”, zanjó.
El presidente Gustavo Petro, en todo caso, respalda la decisión de no renovar la concesión Autopistas del Café. Sin contrato y sin entregarle el proyecto a una iniciativa privada como Conexión Centro, la ANI controla todo el corredor. “Comienza un cambio que hay que profundizar en toda la geografía nacional”, dijo el mandatario.
“No es racional económicamente tachonar las carreteras de Colombia con peajes para hacer un negocio financiero”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, y agregó que salen “más baratas” las obras públicas “y otras formas de construir infraestructura estatal, comenzando por los ferrocarriles”.
La Contraloría General de la República también le pidió información al Gobierno. Al igual que la Procuraduría, la Delegada para el Sector de la Infraestructura prevé millonarios costos en compensaciones de parte del Estado si la concesión termina anticipadamente. Aún no está claro, entonces, si las discusiones entre entidades van por buen camino.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué cambios hizo el Gobierno en Autopistas del Café y por qué generaron controversia?
La ANI acordó reducir las tarifas de cuatro peajes del corredor Autopistas del Café para vehículos particulares y buses, luego de protestas en Caldas y Risaralda. La polémica creció cuando el Ministerio de Transporte también rechazó Conexión Centro, la propuesta privada de Odinsa para operar el corredor desde 2027, una decisión que abrió dudas sobre el futuro financiero y operativo de la vía.
¿Por qué la Procuraduría intervino en el caso de las vías del Eje Cafetero?
El ente de control teme que una eventual eliminación de peajes o una terminación anticipada de la concesión comprometa las finanzas públicas y genere millonarias compensaciones a cargo del Estado. Por eso inició una vigilancia preventiva y exigió al Gobierno explicar, con soportes técnicos y financieros, si planea modificar o desmontar el contrato vigente desde 1997.
¿Qué es la reversión de Autopistas del Café y qué ocurrirá en 2027?
La concesión Autopistas del Café debe revertir el corredor vial al Estado en febrero de 2027, cuando termina el contrato firmado hace casi tres décadas. El gobierno de Gustavo Petro decidió no continuar con la iniciativa privada que buscaba asumir la operación después de esa fecha, por lo que la ANI quedaría administrando directamente una de las conexiones más importantes entre el centro del país y el Pacífico.
¿Cuál es la postura del Gobierno Petro frente a las concesiones y los peajes?
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente la decisión de no renovar la concesión y cuestionó el modelo de infraestructura basado en peajes, argumentando que las obras públicas pueden resultar más baratas que los esquemas financieros privados. Mientras tanto, tanto la Procuraduría como la Contraloría le pidieron explicaciones al Ejecutivo sobre los riesgos jurídicos, fiscales y contractuales del cambio de rumbo.
