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Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira interpusieron una acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Servicios Públicos y los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, con el fin de que se gestionen recursos inmediatos para Air-e Intervenida.
Según señalaron, la medida busca garantizar la estabilidad en la prestación de energía a más de 1,3 millones de usuarios y evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y de acuerdo con la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, se justifica porque “los recursos pueden conseguirse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial”.
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La Veeduría advirtió que la iliquidez de la empresa intervenida “ha llevado a incumplimientos en el pago de sus obligaciones, lo cual erosiona la estabilidad de todo el sistema eléctrico” y pone en riesgo la continuidad del servicio.
En un año de intervención, la deuda de Air-e pasó de 1,9 billones de pesos a 3,6 billones, de los cuales 2,4 billones corresponden a acreencias con generadoras de energía.
“Prácticamente se triplicaron en solo un año”, indicaron los gremios, al advertir que las empresas térmicas hoy acumulan cuentas por cobrar de alrededor de un billón de pesos, lo que pone en riesgo su operación.
Los intergremiales también recordaron que Air-e concentra el 11% de la demanda del Sistema Interconectado Nacional y el 44% en el Sistema de Transmisión Regional Norte, por lo que su crisis “impacta directamente en la remuneración de la transmisión y compromete la estabilidad de toda la cadena eléctrica”.
Además, señalaron que el plan de inversiones en mantenimiento y modernización está paralizado, mientras se mantiene “la amenaza creciente de apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.
Otro de los puntos de advertencia es que a partir de 2026, Air-e deberá comprar en bolsa hasta el 70% de la energía que requiere. “Eso significa que tendrá que pagarla más cara y que el mayor costo lo trasladará a los usuarios con incrementos de tarifa”, indicó la Veeduría.
A un año de la intervención, los gremios cuestionaron la falta de un plan claro por parte del Gobierno nacional. “Nunca se conoció el Plan de Intervención de Air-e que debió definir el Gobierno antes de la toma de posesión”, aseguraron.
También señalaron que, en este período, han pasado dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes de Servicios Públicos y cuatro agentes interventores, lo que refleja “una debilidad institucional que afecta la administración de la empresa”.
La Veeduría advirtió que han solicitado información y sostenido diálogos con las autoridades, pero “sin acceso a lo requerido para ejercer control social efectivo”.
Acciones adicionales
De manera paralela, se presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para que se protejan derechos como el debido proceso y el acceso a la justicia. “Nos encontramos en espera del pronunciamiento de la Alta Corte”, indicaron los gremios, que añadieron: “Seguiremos utilizando todos los recursos a nuestro alcance para evitar un apagón en estos departamentos y asegurar la prestación de un servicio estable y de calidad”., indicaron.
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La Veeduría está integrada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Andi Atlántico-Magdalena.
