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El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley que establece el nuevo régimen sancionatorio aduanero, en cumplimiento de la sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que fijó como plazo máximo el 20 de junio de 2026 para expedir una nueva normativa. La iniciativa, inscrita bajo el radicado 312, redefine las reglas en materia de sanciones, decomisos y procedimientos aduaneros.
Durante el Congreso de la República, el director general (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, señaló que el proyecto “constituye un instrumento jurídico moderno, técnico y garantista”. Agregó que su propósito es “fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco normativo claro y actualizado”.
Betancourt precisó que la propuesta incorpora insumos recogidos en procesos técnicos previos y destacó que el Gobierno espera que la norma sea aprobada dentro del plazo fijado por la Corte. “Confiamos en que el Congreso avance en su estudio y aprobación antes del 20 de junio de 2026”, dijo.
Críticas del sector privado: preocupación por responsabilidad objetiva y sanción al error
El sector privado reaccionó señalando que, pese al proceso inicial de socialización, el texto radicado no fue concertado en su versión final y mantiene disposiciones que, a su juicio, desconocen la buena fe y penalizan errores formales.
Juan Diego Cano García, director de Asuntos Legales de Analdex, advirtió que el proyecto conserva elementos asociados a responsabilidad objetiva. “La esencia de la ‘máxima diligencia’ sigue impregnada en el núcleo del proyecto”, afirmó. Según Cano, el artículo 15 plantea sanciones sin análisis de culpabilidad, lo cual “desconoce la Sentencia C-616 de 2002” y el mandato de la Corte en la sentencia C-072 de 2025.
El sector también señaló que desapareció la regla que permitía corregir errores formales y fue reemplazada por una sanción automática. Cano destacó que el proyecto establece una multa del 30% del valor en aduanas de la mercancía para errores en seriales o descripciones “que no conlleven a que se trate de mercancía diferente”. Indicó que esta disposición “es la materialización de la filosofía del castigo sobre la facilitación”.
Asimismo, cuestionó la reincorporación de la infracción por inducir al error a las agencias de aduanas. “Va en contravía directa del propio principio de Buena Fe” y expone a intermediarios por actuaciones de sus mandantes, señaló.
El gremio insiste en que la discusión legislativa debe distinguir entre fraude y errores involuntarios y mantener un juicio de culpabilidad. “Es el momento de construir una normativa que realmente distinga el error involuntario del fraude deliberado”, dijo Cano.
El proyecto inicia su trámite legislativo con la expectativa del Gobierno de que se adopte dentro del plazo ordenado por la Corte Constitucional. El sector privado anticipa un debate amplio para ajustar los puntos relacionados con responsabilidad, gradualidad sancionatoria y mecanismos de corrección.
