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El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente los efectos del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.
En un pronunciamiento conjunto, las carteras manifestaron su preocupación por la medida cautelar adoptada en un tiempo que calificaron como excepcionalmente expedito. “Si bien respetamos las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, resulta necesario advertir que este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores”, señalaron.
Argumentos del Gobierno sobre el decreto
Según el Ejecutivo, el Decreto 415 del 20 de abril de 2026 fue expedido en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y en el marco del sistema pensional vigente establecido por la Ley 100 de 1994.
Indicaron que la norma buscaba “dar coherencia financiera” al sistema y garantizar que los recursos de los trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público acompañen las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones.
En ese sentido, plantearon que existe una tensión con los fondos privados. “Hoy se evidencia con claridad una tensión: los fondos privados pretenden mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público”, afirmaron.
Añadieron que esta situación “no solo resulta inequitativa, sino contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social”.
Acciones jurídicas y defensa del sistema
Los ministerios reiteraron que ejercerán acciones dentro del proceso judicial. “Ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia”, indicaron.
Además, señalaron que el debate debe darse con “rigor, amplitud y respeto por el debido proceso”, y advirtieron sobre el impacto de decisiones que consideraron apresuradas en la implementación de una reforma estructural.
Llamado a fondos privados por recursos ya reconocidos
El Gobierno también se refirió a un punto que, según explicó, se mantiene vigente tras la decisión del Consejo de Estado. Se trata del traslado de recursos correspondientes a cerca de 25 mil personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por Colpensiones.
Sobre este aspecto, los ministerios fueron enfáticos: “Consideramos que los Fondos Privados deben proceder sin dilación alguna y dentro de los plazos establecidos al traslado efectivo de dichos recursos, en garantía del pago oportuno de las mesadas pensionales ya reconocidas”.
El pronunciamiento fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez.
