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La cúpula empresarial de Panamá expresó su preocupación por los efectos en la economía que puede tener el escándalo Waked, en el que está implicada una poderosa familia panameña de comerciantes a la que Estados Unidos acusa de supuesto blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas.
"Si bien la naturaleza de los hechos y la premura son limitantes para presentar una opinión y especular sobre su incidencia, es inevitable abordar los señalamientos a miembros de dos grupos familiares de empresas que han conmocionado a nuestro país desde el pasado jueves", reconoce la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Resaltó que "esto es un tema serio, proveniente de un sistema judicial con buena reputación (el de Estados Unidos), que necesita pronta aclaración para aliviar cualquier repercusión que pueda tener".
En este sentido, añadió, "destacamos el actuar de las autoridades de justicia al manifestar oportunamente la voluntad de nuestro país de colaborar y deslindar responsabilidades, así como la intervención de los entes reguladores con el objetivo de proteger la integridad del mercado y el centro bancario internacional".
Los empresarios panameños esperan que "el sistema judicial panameño se eleve a la altura de las circunstancias y emprenda las investigaciones necesarias, con prontitud, pero en estricto apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia" sobre las acusaciones contra Abdul Waked, su sobrino Nidal Waked, detenido en Colombia, y otros seis socios de sus empresas.
"Al igual que a muchos panameños, a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá nos preocupa los miles de empleos que generan las empresas relacionadas a los ciudadanos señalados y apelamos a que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mitigue la incertidumbre que ocasiona una situación como esta", exclaman.
La CCIAP insta a que "aprovechemos la oportunidad que nos presenta esta situación para evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de servicios y revisar la modificación a la Ley que regula la contratación pública, que, pese al amplio debate, aún envía mensajes incongruentes en materia de transparencia y certeza del castigo, en contraste con la intención del país de demostrar que estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad".
Además, solicita "al Gobierno Nacional a que lidere una transformación genuina de la administración de justicia, dotándole de mayores recursos financieros y profesionales para que el sistema pueda actuar en derecho en beneficio de todos".
Por su parte, Jorge García Icaza, presidente de la CCIAP, en el programa Radar del canal TVN-2 de la televisión local, no descartó que pueda existir cierta repercusión en el crecimiento que ha sostenido Panamá durante los últimos años. "Es muy prematuro en este momento poder decir cuál es el impacto, vamos a tener que esperar un poco, porque no quisiera crear una percepción de que es una crisis. Panamá tiene una economía aún creciendo a un 6 %, probablemente se afecte en algo", acotó.
García agregó que "lo que tenemos que exigir ahora es que el sistema judicial panameño actúe de manera eficaz y transparente, y todos tenemos duda sí podrán empinarse hacia ese reto que nos viene".
Abdul, Nidal, otros seis miembros de su entorno y 68 empresas de la familia Waked están incluidos en la Lista Clinton sospechosas de blanqueo de capitales provenientes de tráfico de drogas, por lo que todas las compañías y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido desde el jueves pasado hacer negocios con ellos.
