La Supersolidaria acompañó el proceso de suspensión de la intervención, mientras la Supersalud pidió al Tribunal de Bolívar aclarar los tiempos y la representación legal de la EPS.
Jonathan Malagón advirtió que el uso indebido de la figura de insolvencia estaría siendo promovido por redes sociales mediante la creación de deudas ficticias, con un impacto cercano al billón de pesos y efectos sobre el sistema financiero, proveedores y el Estado.