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El Gobierno Nacional abrió un periodo de comentarios sobre un proyecto de decreto que ajusta la contribución de solidaridad en el servicio de energía eléctrica para usuarios industriales.
El proyecto de decreto reglamenta los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, adicionados por la Ley 1430 de 2010, y busca modificar los sectores que pueden acceder a la exención de la contribución especial en electricidad. Según la propuesta, sectores como agricultura, minería y construcción deberán asumir un aumento del 20% en el costo del servicio.
En la memoria justificativa, el Gobierno señala que “acotar los sectores a la industria tal y como está definida en la clasificación CIIU rev. 4 A.C. implicaría un ahorro fiscal de aproximadamente $1,2 billones de pesos”. La medida busca garantizar que los recursos para los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 se financien de manera sostenible, sin presionar el Presupuesto General de la Nación.
El análisis técnico del proyecto indica que la industria manufacturera enfrentaría un aumento en sus costos del 0,31%, seguido por minería y canteras (0,18%), agropecuario (0,13%) y construcción (0,09%). Según el Ministerio de Hacienda, “dadas las presiones fiscales derivadas del mayor gasto es necesario tomar medidas de racionalización del gasto”.
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El decreto establece que la exención se mantendrá únicamente para usuarios industriales con actividad principal registrada en el RUT dentro de los códigos 101 al 332 de la Resolución 000114 de 2020 de la DIAN. Las empresas prestadoras deberán recibir solicitudes de los usuarios y reportar la información a la Superintendencia de Servicios Públicos. La norma entraría en vigor 45 días después de su publicación en el Diario Oficial y derogaría el Decreto 2860 de 2013.
Desde el sector económico, el exministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo calificó la propuesta como una nueva carga para las empresas. Según él, “considero que el borrador de decreto sobre tarifas en Colombia es una respuesta más a la urgencia fiscal y al descontento ciudadano por los altos precios que a una política energética integral”. Añadió que “obligar a que el 95 % de la energía se contrate a largo plazo puede sonar atractivo en términos de estabilidad, pero genera rigideces y distorsiones que, en el mediano plazo, pueden terminar encareciendo el sistema y reduciendo su competitividad”.
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Restrepo también advirtió que “estamos usando la regulación como un paliativo populista, prometiendo tarifas más bajas en el corto plazo a costa de trasladar riesgos financieros a las empresas generadoras y desincentivar la inversión futura. Colombia necesita una política energética con horizonte de largo plazo: diversificación de fuentes, mayor oferta doméstica de gas, supervisión más estricta para evitar abusos y una transición ordenada hacia energías limpias”.
Con el proyecto, el Gobierno busca abrir un espacio de comentarios antes de su expedición definitiva.
