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Así lo señaló el organismo de control, tras hacer eco a un análisis de la Unidad de Planeación Minera Energética UPME, sobre los atrasos que se evidencian en la planeación y ejecución de nuevos proyectos en el sector gasífero y energético.
“Teniendo en cuenta las fechas presentadas por la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME), en las cuales la oferta no atenderá debidamente la demanda, la Contraloría debe llamar la atención sobre la necesidad de realizar una adecuada planeación y coordinación interinstitucional que permita proponer, fomentar y llevar a cabo proyectos que garanticen una oferta de gas natural después de estas fechas”, señala el organismo de control.
A la Contraloría le preocupa en especial la demora "en plantear e iniciar proyectos para asegurar un desarrollo dinámico del sector, ya que aunque las proyecciones se muestren favorables con los posibles hallazgos de gas natural y la viabilización para la construcción de la Planta de Regasificación en la Costa Pacífica, la experiencia indica que la maduración de los mismos puede tardar de 4 a 6 años".
Indica además el organismo que esto se complementa con el agravante de los trámites administrativos que siguen, como la obtención de licencias ambientales, la consulta a comunidades étnicas y probables modificaciones de los planes de ordenamiento territorial, "todo lo cual puede impedir la ejecución a tiempo de dichos proyectos, como sucedió en el caso de la construcción de la regasificadora de la Costa Atlántica".
Recordó la Contraloría que "la entrada tardía de esta regasificadora", impidió que la política de gas natural cumpliera su propósito de abastecimiento de la demanda termoeléctrica en la crisis del Fenómeno del Niño de 2015-2016.
"El retraso en la ejecución de esta Planta, que debía estar operando en enero 1 de 2015, comenzó a construirse en mayo de dicho año, y entró en etapa de pruebas en noviembre de 2016, propició que la política de aseguramiento del abastecimiento de gas natural planteada en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 y 2014 – 2018, no cumpliera su propósito de abastecer debidamente la demanda termoeléctrica durante la crisis de finales de 2015 y comienzos de 2016", recuerda la Contraloría.
Rememoró además que ante la falta de una adecuada y oportuna oferta de gas natural el sector termoeléctrico, "se tuvo que generar con combustibles líquidos para atender los compromisos de energía en firme ofrecida, situación que incrementó los costos de operación de estas plantas".
Esto motivó además a que se hiciera una revaluación, por parte del Gobierno, del precio de escasez que finalmente costó a los usuarios del sistema eléctrico vía facturación $79.423 millones mensualmente, que representa $476.539 millones para los 6 meses que duró la crisis.
