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La Contraloría General de la República informó que un estudio sectorial identificó problemas en la eficacia y eficiencia de las medidas cautelares adoptadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Según el informe, “los vacíos normativos y debilidades operativas de la Superintendencia han sido factores determinantes en los diferentes niveles de eficacia y eficiencia de dichas medidas”.
El análisis también advierte que la falta de reglas claras abre espacio a decisiones discrecionales. En ese sentido, se indicó que “la falta de tipificación de causales, criterios, procedimientos y temporalidad de las medidas cautelares en la norma puede dar lugar a prácticas inequitativas y desbordamiento de la discrecionalidad”.
Resultados del estudio
El estudio evaluó 24 medidas cautelares aplicadas entre 2019 y 2023. De ese total, más de la mitad no cumplió con los niveles esperados:
- Nueve medidas (38 %) tuvieron calificación satisfactoria.
- Trece (54 %) fueron calificadas como no satisfactorias.
- Dos (8 %) se consideraron casos atípicos sin calificación.
La Contraloría concluyó que estos resultados reflejan problemas estructurales tanto en la regulación como en la ejecución de las medidas.
Crisis financiera, principal causa de intervención
El informe señala que las intervenciones a las cajas de compensación están relacionadas, principalmente, con dificultades financieras, en especial por su participación en el sistema de salud.
También se identificaron fallas en aspectos legales, administrativos, financieros y de gobierno corporativo.
El orgaismo advirtió que la situación se agrava por limitaciones en el uso de recursos, al tratarse de fondos parafiscales con destinación específica, lo que dificulta superar las crisis.
Medidas sin límite de tiempo definido
Otro de los hallazgos es que las medidas cautelares no tienen un límite temporal claro. Según el estudio, algunas intervenciones se han extendido durante varias vigencias, sin que exista una regla definida para su duración.
Corte Constitucional ordena nuevo marco legal
Este análisis fue tenido en cuenta por la Corte Constitucional en la Sentencia C-298 de 2025, en la que declaró la inconstitucionalidad diferida de varias disposiciones del régimen actual.
En esa decisión, el tribunal ordenó al Congreso expedir una nueva ley antes del 21 de junio de 2027, con el fin de establecer un régimen integral de intervención administrativa.
El objetivo, según se desprende del fallo, es garantizar “mayor transparencia, eficacia y equidad” en el sistema.
Van 13 cajas con medidas cautelares en 2026
La Contraloría también reportó que, en lo corrido de 2026, 13 de las 42 cajas de compensación familiar tienen medidas cautelares vigentes:
- Hay dos en vigilancia especial.
- Hay dos en intervención administrativa parcial.
- Hay nueve en intervención administrativa total.
Además, el organismo señaló que continúa haciendo seguimiento al tema y adelanta un nuevo estudio para evaluar el impacto de la decisión de la Corte en la aplicación de estas medidas.
Seguimiento y advertencias
La auditoría de cumplimiento realizada en 2025 a la Superintendencia ya había advertido la persistencia de problemas normativos y procedimentales.
Con este nuevo informe, la Contraloría insiste en la necesidad de ajustar el marco regulatorio para evitar que las fallas identificadas sigan afectando el funcionamiento del sistema de subsidio familiar en el país.
