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La FM conoció un documento en el que Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial) seleccionó a un consorcio a horas de que iniciara la ley de garantías para que llevara a cabo la prestación de maquinaria amarilla en municipios de Norte de Santander (Tibú y Sardinata), Putumayo (Villa Garzón) y Nariño (Roberto Payán y Nariño), para la construcción y mejoramiento de vías.
La sociedad beneficiada fue MAQ 2026, que está conformada por El Transportador SAS y Emarco, que habría presentado documentación falsa, específicamente un certificado de experiencia que no era legítimo de la empresa Distribuidora Nissan. Findeter culminó el contrato (el 25 de marzo de 2026) que ya había dado por hecho, luego de que se conociera la denuncia de este medio.
Originalmente, Findeter abrió una proceso de contratación a mediados de noviembre de 2025. Este contrato tenía un valor de 15.215 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Paz, pero que no pudo llevarse a cabo, dado que se registraron hasta cinco prórrogas a finales del año pasado.
El 26 de diciembre de 2025 se hizo la reapertura de la adjudicación, añadiendo 3 mil millones de pesos y con un proceso más específicos, con 6 grupos de maquinaria diferente. Uno de los proponentes, la unión temporal M&B, a través de su integrante MotoMart SAS, presentó un certificado del Banco de Bogotá, que la entidad financiera no reconoció. Por este caso la Fiscalía ya se encuentra realizando una investigación.
La licitación se declaró desierta el 30 de enero, pese a que el otro proponente cumplía con la mayoría de los requisitos, según constató La FM.
La Fiscalía priorizará investigaciones por escándalo en Findeter
Pero volvamos con MAQ 2026. La FM conoció que el 27 de marzo de 2026, El Transportador, que tiene el 70% del poder de la sociedad con Emarco, envió una carta a Findeter, en el que indica que no tenía conocimiento de la contratación directa aprobada en enero y que tampoco sabía del consorcio ganador. No obstante, el nombre del representante legal que firma este reciente documento, es el mismo que se puede ver en la firma del contrato con la entidad estatal.
En parte de la carta se lee:
“Posterior a esto me entero por La FM que la empresa que represento fue adjudicataria del contrato de la referencia en consorcio con la empresa Emarco S.A.S contrato por valor de $ 18.639.919.100. Quiero manifestar y dejar claro que en ningún momento me reuní ni firmé consorcio ni autoricé o di poder de representación a persona alguna en el contrato que nos ocupa, desconozco y no tengo conocimiento de quién es el otro consorciado. La empresa que represento no tenía conocimiento de que fuera adjudicataria de dicho contrato”.
¿Una posible suplantación?
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó a La FM que el caso se adelantará con prioridad en la entidad autónoma de la rama judicial: "Ya mismo va para Anticorrupción con prioridad", indicó a Santiago Ángel, periodista que ha seguido el proceso.
Y es que, siguiendo la carta del representante legal de El Transportador, el caso podría tratarse de una suplantación de identidad con el fin de ganar el contrato que ronda los 18.000 millones de pesos. La entidad investigadora deberá esclarecer si se trata de una falsificación y, si es así, quién está detrás de este proceso corrupto.
Algunos miembros del comité que definió esta contratación son Iván Ramírez (secretario general de Findeter) y Carlos Saad (actual presidente de Findeter). El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado por este suceso.
