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Tras revisar 18 decretos expedidos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, la Contraloría General de la República advirtió fallas en su diseño y aplicación.
El organismo señaló la necesidad de que el Gobierno “revise y aplique bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012”, que rige el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Recaudo de impuestos y destino de los recursos
La Contraloría también puso el foco en los nuevos tributos creados para atender la emergencia, con los que se espera recaudar hasta $8,68 billones.
Según el organismo, el Gobierno “tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo” para atender las afectaciones por la emergencia invernal.
Además, pidió fortalecer la capacidad operativa de la DIAN y los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de estos objetivos.
Riesgos por reorientación de recursos
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos. La Contraloría advirtió que esta medida podría afectar programas en curso.
En ese sentido, el organismo instó al Ejecutivo a que estos cambios se hagan “con el debido rigor jurídico y técnico” y que se defina “la forma y oportunidad en que serán reembolsados dichos recursos”.
Cuestionamientos a la UNGRD y manejo de obras
La Contraloría también cuestionó la decisión de trasladar recursos del sector eléctrico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Advirtió que esa entidad “no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad”, en referencia a proyectos de infraestructura eléctrica.
Alertas sobre el sector energético
En materia ambiental y energética, la Contraloría alertó sobre los riesgos de modificar las reglas de operación de los embalses sin soporte técnico.
Indicó que decisiones de ese tipo podrían generar incumplimientos contractuales, afectar tarifas y provocar “inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista”.
Fallas en focalización de ayudas
El organismo también advirtió debilidades en la asignación de apoyos a los afectados por la emergencia.
Por ello, hizo un llamado a fortalecer “los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información” para evitar errores en beneficiarios, duplicidades en pagos e inconsistencias en los registros.
Solicitud de soportes al Gobierno
Como parte de su control fiscal, la Contraloría anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a otras entidades, los documentos que sustenten la necesidad del recaudo y su distribución.
El objetivo es verificar “la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados”.
Advertencia sobre capacidad institucional
Finalmente, el organismo advirtió que ampliar facultades, crear impuestos o mover recursos no es suficiente si no hay capacidad de ejecución.
Señaló que “de nada sirve” adoptar estas medidas si las entidades responsables no mejoran su gestión y su capacidad de inversión.
La Contraloría aseguró que continuará con la vigilancia preventiva para garantizar que los recursos públicos destinados a la emergencia cumplan su propósito.
