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Ante las numerosas denuncias sobre irregularidades en la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.
Según la entidad, este plazo era estrictamente necesario para tramitar el proceso reglado de selección. Sin embargo, la Contraloría evidenció que mediante otrosíes fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor adicionado en $7.222 millones sin que dentro del plazo de seis meses se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva. Así, el contrato pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones.
Dentro de las averiguaciones que efectuó la Contraloría, se tuvo conocimiento de comunicaciones cruzadas entre el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director General del INPEC, que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de las fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos.
El principal punto de interés fiscal respecto a los hechos denunciados, radica en el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados (1.355, descontando 2.915 con novedades técnicas para mayo de 2015).
El objetivo de la Indagación Preliminar radicará en probar ese pago en exceso, que se configuraría en daño patrimonial, por pagar servicios no recibidos.
