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El Consejo de Estado levantó la medida cautelar de suspensión para la venta de la participación accionaria que la Nación tiene de Isagén.
La Presidencia de la Sección Cuarta del Consejo ordenó restituirle al Gobierno los cuatro meses que el proceso de enajenación estuvo suspendido para que pueda culminar la venta del 57.6 por ciento de sus acciones.
La Vicepresidenta del Consejo de Estado señaló además que el Gobierno sí está facultado para enajenar su participación accionaria.
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De igual forma, no se desvirtuó la presunción de legalidad de los decretos demandados yla Sala denegó la nulidad de los artículos acusados.
El fallo cuenta con la salvedad parcial de voto del magistrado Jorge Octavio Ramírez, que estimó que existían razones para anular el artículo 8 del Decreto 1609, en cuanto dicha norma habría fijado condiciones restrictivas para la compra de acciones de parte de personas naturales pertenecientes al grupo de destinatarios de condiciones especiales.
Con el dinero que se recaude, el Estado pretende invertir en otros sectores.
La ponencia del magistrado Hugo Bastidas consideró que la democratización es una medida legal y que el patrimonio recogido con la venta puede ser invertido en otros sectores que el Gobierno desee.
La puesta en venta había sido suspendida por el Consejo de Estado considerando que podría generar un detrimento para el patrimonio de la Nación.
La escogencia del comprador se deberá dar luego de que prosperara la decisión del magistrado ponente Hugo Bastidas, quien decidió rechazar las pretensiones de los demandantes para frenar la venta de Isagén.
Hay que recordar que los demandantes de este proceso fueron trabajadores de Isagén, quienes han argumentado un posible riesgo al patrimonio nacional con la venta de la electrificadora.
