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Luego de la consulta minera en Cajamarca, que derivó en la suspensión de actividades de la compañía Anglo Gold Ashanti, se disparó la intención de realizar consultas en diferentes departamentos que ponen en riesgo la inversión de las multinacionales.
En Colombia se desconoce el futuro de la ley minera debido a la incertidumbre que ha nacido con las consultas en las comunidades. El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, señaló que tras hacer un barrido se tienen identificadas 42 intenciones de consulta minera en diferentes regiones, las cuales pueden perjudicar varios proyectos.
Las consultas deben cumplir con requisitos legales, los cuales en estos momentos están en curso. En Cundinamarca, los municipios de Cabrera, Arbeláez y Cogua son algunos de los municipios a los que quieren entrar proyectos minero energéticos y que la población se ha negado por las posibles afectaciones ambientales que se podrían presentar.
Para el alcalde de Cogua, William Darío Forero, la comunidad está actuando en derecho. En su municipio no quieren la explotación de arcilla y gravilla porque prefieren conservar la actividad agrícola, conservando las hectáreas para siembra y no pretendiendo recibir regalías, que finalmente han sido mínimas en los últimos años. Para lograr sacar adelante la consulta requieren superar el umbral de ocho mil votos.
En Quindío, la megamineria está generando polémica. En Pijao se espera realizar una consulta en los próximos tres meses para definir si permiten o no la explotación del suelo con fines mineros. Allí la pregunta para los pobladores es si está o no de acuerdo con la minería de metales.
Por la misma dirección de consulta popular están los municipios de Salento, Córdoba y Calarcá. Los argumentos de los ambientalistas y alcaldes radican en la riqueza paisajística que durante años ha sido explotada económicamente con el ecoturismo y que se podrían ver perjudicado por la intervención de compañías mineras.
El viceministro manifestó que la Corte Constitucional ha generado que el gobierno nacional “trate de interpretar qué es lo que se debe hacer, de acuerdo a una paternidad responsable”. Por otra parte resaltó que en el caso de Cajamarca se desconoce qué hacer con una perdida en la inversión de 20 millones de dólares. Además, 400 personas que quedaron desempleadas.
