“Los colombianos tendrán que trabajar más para pensionarse”: Asofondos tras decreto del Gobierno

Según Asofondos el aseguramiento de las pensiones en el país está en entredicho con este decreto de Ministerio de Hacienda.
El presidente de Asofondos señaló que “poner todos los huevos en la misma canasta” puede generar impactos si la deuda colombiana se desvaloriza.
El presidente de Asofondos señaló que “poner todos los huevos en la misma canasta” puede generar impactos si la deuda colombiana se desvaloriza. Crédito: Camila Díaz/ La FM y Colprensa

Las recientes modificaciones al mecanismo que define el salario mínimo en las pensiones de renta vitalicia, introducidas mediante el Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, siguen generando fuertes reacciones en el sector pensional.

Desde la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, (Asofondos), el presidente de la entidad, Andrés Velasco alertó que la medida podría tener efectos negativos directos sobre los futuros pensionados, al encarecer el costo de las pensiones mínimas y poner en riesgo el aseguramiento del sistema.

De acuerdo con Velasco, el decreto es una consecuencia directa del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno, en 23.08% que elevó de manera significativa el gasto público en pensiones.

“El aumento del salario mínimo ocasionó que los gastos del Gobierno nacional en pensiones crecieran de forma importante. Es una consecuencia de la decisión de aumentar el salario mínimo de la forma en que se hizo”, afirmó el directivo.

“Tirar la piedra y esconder la mano”

Para el director de Asofondos, el Ejecutivo estaría trasladando parte de esa presión fiscal al sistema de ahorro individual.

En su criterio, el nuevo decreto reduce la responsabilidad del Estado en la compensación de los mayores costos que enfrentan las aseguradoras cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación.

“Lo que el Gobierno está buscando ahora es cómo tirar la piedra y esconder la mano, porque está evitando una de sus responsabilidades fundamentales: compensar las cuentas de ahorro individual que garantizan las pensiones de los colombianos”, sostuvo Velasco.

El Decreto 1485 ajusta el parámetro técnico con el que se calcula el deslizamiento del salario mínimo, elimina el reconocimiento de intereses en el pago de la cobertura y limita el acceso al mecanismo únicamente a pensiones equivalentes a un salario mínimo, cambios que, según Asofondos, alteran el equilibrio del esquema de aseguramiento.

Trabajar más y cotizar más años

Uno de los efectos más preocupantes del decreto, según el gremio de los fondos de pensiones, es el impacto que tendría sobre los afiliados. Al aumentar el costo de una pensión mínima, se incrementa también el capital necesario para adquirirla.

“Eso hace que cueste más una pensión y, por lo tanto, que los colombianos tengan que trabajar más y cotizar más años para lograr el monto necesario para pensionarse”, advirtió el director de Asofondos. En ese escenario, el aseguramiento de las pensiones quedaría “en entredicho”, especialmente para los trabajadores de ingresos medios y bajos.

Un debate de fondo sobre el sistema pensional

El Gobierno ha defendido el Decreto 1485 de 2025 señalando que busca corregir distorsiones técnicas, preservar la sostenibilidad fiscal y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos destinados a garantizar pensiones equivalentes al salario mínimo.

No obstante, expertos coinciden en que la controversia revela un debate estructural más amplio sobre el sistema pensional colombiano: cómo equilibrar el aumento del salario mínimo, la protección del poder adquisitivo de los pensionados y la viabilidad financiera de los esquemas de ahorro individual.

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de disciplina fiscal, desde Asofondos se advierte que decisiones como la contenida en el Decreto 1485 podrían trasladar los costos del ajuste a los trabajadores, obligándolos a permanecer más tiempo en el mercado laboral para asegurar una pensión mínima.

La discusión, que apenas comienza, promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate económico y social en 2026.


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