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El próximo 20 de julio, al iniciar una nueva legislatura en el Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro presentará una reforma tributaria por $19 billones de pesos, con el objetivo de financiar el presupuesto nacional de 2026 y comenzar a corregir el déficit fiscal, que ya supera los $75 billones. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con La FM de RCN Radio.
“Ya tenemos fecha. La propuesta se presentará al Congreso al finalizar esta legislatura y al comenzar la siguiente. Es una reforma necesaria para cubrir las necesidades fiscales del país en 2025”, señaló el jefe de la cartera.
Aunque aún no se conoce el texto del proyecto, el ministro adelantó que se revisará el impuesto de renta a personas naturales, especialmente en los tramos de mayores ingresos, con un enfoque progresivo. También se plantea aliviar la carga tributaria para las empresas con el fin de estimular el crecimiento económico.
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“Vamos a ser absolutamente progresivos. Queremos que quienes más ganan hagan un mayor esfuerzo tributario”, indicó Ávila.
Otros elementos que se contemplan son el gravamen a los juegos de azar, la revisión de exenciones fiscales en el IVA, y posibles ajustes al régimen tributario del sector extractivo, aunque la tarifa general del IVA del 19% no se modificaría.
“Lo que estamos analizando son las exenciones que hoy representan un gasto fiscal de $85 billones. Algunos sectores no tributan y es ahí donde vemos margen de acción”, explicó el ministro.
La mirada académica
Para el profesor Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, la estrategia del Gobierno puede encontrar dificultades si propone aumentos tarifarios, especialmente en un año preelectoral.
“El anuncio no tiene una clara posición estratégica, porque implicaría la posibilidad de aumentar tarifas. El Legislativo, en pleno debate electoral, no vería con buena conveniencia tanto política como económica modificar al alza los impuestos”, advirtió.
A su juicio, el camino viable sería revisar exenciones en renta e IVA, y mejorar la eficiencia de la DIAN para combatir la evasión y el contrabando, sin tocar directamente las tarifas impositivas.
“Por ahí puede haber un margen de recaudo bastante alto. Si se revisan las exenciones y se coloca a tributar a quienes deben hacerlo, sin generar más costos fiscales, se puede reunir esa bolsa de $19 billones”, afirmó Amorocho.
Sobre el posible gravamen permanente a los juegos de suerte y azar, el profesor lo considera una medida viable: “El Congreso no tendría problema en aprobarlo. Eso, junto con la revisión de exenciones, podría aportar hasta el 1% del PIB en recaudo adicional”.
Desde la Universidad Javeriana, el economista Adrián Garlati, director de Estudios de Pregrado en Economía, coincide en que aún hay muchas incógnitas sobre el contenido real del proyecto, pero alerta sobre algunos riesgos.
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“Todavía no se sabe de ningún borrador ni nada, entonces está difícil saber exactamente cómo afecta a la ciudadanía. Pero si se graba más al sector extractivo, como petróleo y minería, puede haber una afectación indirecta porque es de ahí de donde se sacan regalías para la inversión pública”, explicó.
Garlati también mencionó que si el Gobierno decide avanzar en la eliminación de exenciones a ciertos sectores, podría corregir ineficiencias del sistema tributario. Sin embargo, advirtió que modificar el esquema del IVA sería políticamente sensible.
“Ha habido propuestas de que no haya bienes exentos de IVA, sino que sea el mismo IVA para todos. Eso aumentaría la recaudación, pero también puede afectar el poder adquisitivo de la gente. No creo que este gobierno se anime a eso”, concluyó.
Una reforma en medio de tensiones políticas
Con este nuevo proyecto, el Gobierno buscará responder a las presiones fiscales sin afectar de forma directa el bolsillo de la mayoría de ciudadanos. Sin embargo, el contexto político será decisivo: en pleno año electoral, las reformas tributarias suelen encontrar fuerte resistencia en el Congreso.
El reto estará en encontrar equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, la progresividad y la viabilidad política. Por ahora, el Gobierno insiste en que esta será una reforma responsable, sin subir el IVA ni castigar a la clase media, pero con un llamado a los sectores de mayores ingresos a aportar más al sistema. La discusión apenas comienza.
