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Los presidentes de las altas cortes expusieron los principales desafíos que enfrentará la justicia durante el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella, entre ellos, la revisión de los decretos que expida el Ejecutivo, la congestión por el aumento de tutelas y la lucha contra la corrupción.
En el panel que dirigía Juan Lozano, director de La FM, hubo un momento que conmovió al auditorio. Todos los asistentes se pusieron de pie y aplaudieron la independencia de los magistrados que representaron la institucionalidad del país en momentos críticos durante los últimos meses, especialmente en momentos en los que hubo una tensión desde el ejecutivo. El aplauso se prolongó por varios minutos.
Lozano también preguntó al presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, por la capacidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para responder ante las eventuales demandas contra los numerosos decretos anunciados por el nuevo Gobierno.
El magistrado explicó que el Consejo de Estado tiene competencia para revisar la constitucionalidad y la legalidad de los decretos que no tengan fuerza material de ley, mientras que aquellos que sí tengan esa naturaleza corresponden a la Corte Constitucional.
Alberto Montaña señaló que la cantidad de decretos que expida el Gobierno no determina, por sí sola, que exista una vulneración del ordenamiento jurídico.
«Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho. Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley», afirmó.
El presidente del Consejo de Estado también explicó que la potestad reglamentaria del Ejecutivo depende del grado de abstracción o concreción de la ley que desarrolla. En ese sentido, indicó que un decreto no es ilegal o inconstitucional simplemente por regular un determinado asunto, siempre que se encuentre dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
Frente a la posibilidad de una mayor congestión judicial por las demandas que eventualmente se presenten contra los decretos, reconoció que este es un problema estructural de toda la Rama Judicial, incluida la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sin embargo, destacó la existencia de mecanismos para que los jueces puedan actuar frente a decisiones administrativas que contradigan el ordenamiento jurídico, entre ellos, la suspensión provisional.
«Frente a la evidente contradicción con la ley que puede tener un acto administrativo, existe un mecanismo expedito», sostuvo.
El magistrado también rechazó que la suspensión provisional de decretos sea utilizada por razones coyunturales y aseguró que se trata de una herramienta prevista dentro del sistema judicial para responder cuando se advierte una posible contradicción con la ley o la Constitución.
Corte Constitucional alerta por aumento de tutelas
En el mismo panel, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se refirió a otro de los problemas que enfrenta la justicia: el aumento en el número de acciones de tutela que llegan a la Corte para su eventual revisión.
La magistrada recordó que la tutela fue incorporada por la Constitución de 1991 como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales, pero señaló que actualmente existe un incremento significativo de estas acciones, particularmente por problemas relacionados con el sistema de salud.
Explicó que a la Corte llegan las tutelas falladas por los jueces del país y que la corporación debe realizar un proceso de selección y revisión de esos expedientes.
Según indicó, la Corte ha tenido que solicitar apoyo al Consejo Superior de la Judicatura para contar con funcionarios adicionales y poner en marcha un plan de choque.
La expectativa, de acuerdo con lo señalado durante el panel, es que la Corte pueda ponerse al día con este trabajo en febrero de 2028.
Para Meneses, el aumento de las tutelas también evidencia un problema estructural que debe ser atendido mediante medidas de fondo.
«El número tan grande de tutelas lo que está mostrando es la necesidad de abordar este problema con medidas de fondo y estructurales», afirmó.
Corte Suprema destaca avances contra la corrupción
A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, abordó las acciones de la justicia frente a la corrupción y señaló que este fenómeno afecta la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.
El magistrado destacó el trabajo coordinado entre distintas instituciones del sistema judicial y penal y se refirió a investigaciones adelantadas por la Fiscalía y por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Entre los casos mencionados estuvo el relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el que, según explicó, se han producido imputaciones, condenas, allanamientos, preacuerdos y principios de oportunidad.
Lenis sostuvo que estos resultados muestran el avance de las investigaciones y señaló que los procesos de control judicial hacen parte del funcionamiento normal del sistema penal.
También explicó que algunos procesos pueden requerir ajustes en las imputaciones o acusaciones y que esto no necesariamente significa que la investigación haya fracasado.
«Cada vez hay casos más complejos, pero la justicia viene actuando», afirmó.
El presidente de la Corte Suprema agregó que la corrupción ha desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados para evadir los controles, lo que dificulta las investigaciones y hace necesario fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de perseguir estos delitos.
Las altas cortes defendieron la institucionalidad
Durante el cierre del panel, los magistrados también destacaron algunos de los aspectos de sus respectivas instituciones que consideran relevantes.
La presidenta de la Corte Constitucional destacó el trabajo de la corporación para combinar el análisis jurídico de los casos con la protección de los derechos de los ciudadanos. También mencionó el uso de herramientas tecnológicas para apoyar la revisión de tutelas y programas de acercamiento de la Corte a distintas regiones del país.
Entre ellos, mencionó los llamados «Diálogos Constitucionales» y el programa «Guardianes de la Constitución», dirigido a acercar a los niños al conocimiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado destacó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene presencia en todo el país y que su función consiste en controlar el ejercicio del poder público cuando este se aparta de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
El magistrado sostuvo que la jurisdicción ha demostrado capacidad para ejercer ese control y recordó que los jueces administrativos actúan a partir de las demandas que presentan los ciudadanos y no de oficio.
El encuentro de los presidentes de las altas cortes en el Congreso de la Andi estuvo marcado por una defensa de la independencia judicial y por el llamado a mantener los controles institucionales frente a las decisiones de los poderes públicos, en un momento de inicio de un nuevo Gobierno y ante los retos que enfrenta la justicia colombiana.
