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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la grave situación que atraviesa el departamento de Arauca, donde la violencia generada por los actores armados ilegales ha dejado una estela de sufrimiento y muerte.
Durante este año, se han verificado al menos 15 asesinatos de defensores de derechos humanos, 151 secuestros y 51 desapariciones forzadas. Además, 42 menores fueron víctimas de reclutamiento ilegal, según datos presentados por Juliette De Rivero, representante de la ONU en Colombia.
Juliette De Rivero, representante del organismo en Colombia, expresó su preocupación por la creciente violencia que azota a la región y destacó la urgente necesidad de que el Gobierno colombiano tome medidas eficaces para proteger a los líderes sociales.
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"Es fundamental prevenir más violencia contra la niñez en Arauca y poner fin a estos crímenes cometidos por los grupos armados, quienes extorsionan a la población de manera diaria", aseguró De Rivero.
El temor generalizado de la población civil frente a las represalias de los grupos armados ilegales ha generado un subregistro de estos hechos, lo que podría hacer que las cifras reales sean aún mayores. En este contexto, la ONU solicitó a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a dar gestos auténticos de paz.
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Además de las víctimas directas de la violencia, la ONU documentó graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como el impacto del conflicto armado en el acceso a la educación de los niños en las zonas rurales de Arauca.
La guerra entre los grupos armados ha interrumpido el proceso educativo, ya que los enfrentamientos, los desplazamientos forzados y el confinamiento han afectado a numerosas instituciones. Según la Secretaría Departamental de Educación, desde 2022 hasta la fecha, 290 sedes educativas fueron afectadas por el conflicto.
