Veeduría, sobre contrato de alimentación escolar en Cúcuta: "alcalde lo dio a dedo"

LA F.m. investigó irregularidades en el contrato de alimentación escolar de 58.021 estudiantes de Cúcuta. El contrato fue firmado entre la Alcaldía.
Archivo La FM
Crédito: La FM

Escuche aquí la denuncia completa de LA F.m. En el informe habla el representante de la Veeduría por la defensa del ciudadano, Eduardo Parra.


El contrato de alimentación escolar celebrado entre la Alcaldía de Cúcuta y la unión temporal Dadle Vosotros de Comer es objeto de una denuncia penal por parte de la Corporación Observatorio de la Función Pública.

Lo primero que hay que decir es que se trata del contrato 0133 de febrero de 2016, por un monto de diecinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y seis pesos ($19.434,964,536) y tiene varias irregularidades.

Primera irregularidad: contratación directa

No hubo licitación y no hubo más proponentes; el requerimiento y estudio previo del contrato firmado por el secretario de Bienestar del municipio, Telésforo Blanco, así lo confirma:

Modalidad de selección: contratación directa; el artículo 335 de la constitución política de Colombia, decreto 777 de 1992, artículo 10 establece: "contratos con personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público".

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Segunda irregularidad: conflicto de intereses

La unión temporal que firmó el contrato está conformada por la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, NIT No. 800213794-6, representada legalmente por el señor José Antonio Manrique Torres, identificado con la C.C. No. 13.254.311 de Cúcuta, con un porcentaje de participación del cincuenta por ciento (50%).

José Antonio Manrique Torres, reconocido en la ciudad porque fue presidente del Cúcuta Deportivo, es un hombre cercano al condenado exalcalde Ramiro Suárez, también amigo y socio del actual alcalde Cesar Rojas. La irregularidad consiste en que el alcalde Rojas tiene negocios particulares con el señor Manrique, consistentes en una sociedad vigente sobre unos predios en Santa Marta, fruto de la venta de las acciones de un equipo deportivo que tenían el alcalde Manrique y Paola Suarez, hija de exalcalde Ramiro Suarez. Dicha situación dejaría en evidencia el conflicto de intereses para la celebración de este contrato.

Consulte las escrituras que evidencian dicha sociedad:


Tercera irregularidad: hace dos años se conocía la situación


El otro 50 por ciento de la Unión Temporal está representado por la Corporación de Servicio Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta, Cospas, Nit No. 807005959-8, representada legalmente por el presbítero Abimael Bacca Vargas. Hace casi dos años los cucuteños sabían que la corporación de la diócesis seria parte del contrato de alimentación; en octubre de 2014, en un evento de campaña, el hoy alcalde la ciudad, Cesar Rojas, lo dio a entender claramente:



Cuarta irregularidad: aumento en el valor del contrato

El contrato tiene un incremento en el costo de 5 mil 400 millones de pesos, ya que en 2015 fue firmado por 13 mil 616 millones de pesos y en 2016 ascendió a 19 mil millones de pesos.

Quinta irregularidad: la prestación del servicio

Quizás la más delicada de las irregularidades es la mala prestación del servicio. Existen videos que dejan en evidencia que los estudiantes tienen que llevar su propia loza y cubiertos y esperar largo rato para que les sea entregada la comida.

Los almuerzos están compuestos por una pequeña porción de pollo, una yuca y un poco de arroz; no hay sopa, verduras, ni bebidas en el menú. También se conocieron casos en el que las frutas brindadas a los niños llegan descompuestas.

Otros problemas de la Corporación Paz y Futuro

Esta corporación ya ha estado en la mira del Ministerio de Educación por otros contratos. En 2015, por servicios educativos en varios municipios del departamento de Norte de Santander (contrato 025 de 2015). En Córdoba, en una auditoria del propio Ministerio se concluyó que hubo 3679 estudiantes fantasmas a los que no se les prestó atención educativa, que era el objeto del contrato (contrato 036 de 2015).

Consulte la información de las denuncias a continuación:


Policía Nacional

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