La FM en Google News
Ante el panorama del asesinato de decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aceptó que no tiene la capacidad para proteger a todos los representantes tras amenazas en contra de su vida.
“No tendríamos el presupuesto para hacer censo de cada uno de los líderes en cada región”, afirmó en diálogo para LA FM Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, quien agregó que la problemática es tan grande que muchos líderes corren peligro.
“La gran mayoría de los líderes sociales que están asesinando en los territorios, hacen parte de juntas de acción comunal y consejos comunitarios y la población que compone ese tipo de organizaciones pueden ser 500 o 600 mil personas que están en riesgo en términos generales”.
Ante esta situación Mora advirtió que es casi imposible darle protección individual a todos los líderes que están en zonas de riesgo.
Según las cifras de esa entidad del Estado, solo seis personas habían solicitado protección de las cuales cuatro la tenían, sin embargo, hubo demora y en dos casos los líderes fueron asesinados antes de que llegara el esquema o bien, dos días después de tenerlo.
Por tanto, las cifras que tiene la entidad del Gobierno son diferentes a las de entidades como la ONU, la Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos, por lo que ellos trabajan con base en lo que les llega, y en este caso fueron solo seis.
Así mismo, indicó que hay varias problemáticas que no permiten que la Unidad de Protección trabaje con colombianos que en realidad necesitan el esquema de seguridad.
“¿Cuál es el problema? Que todo parte de una serie de análisis que en determinado momento no son concluyentes o 100% certeros”, indicó el funcionario.
Para Diego Mora, otra de las problemáticas es que como cada año se debe hacer un estudio de riesgo para saber si se debe o no quitar el esquema, cuando la Unidad decide retirar la seguridad porque se ha mitigado el riesgo, hay colombianos que deciden interponer tutela al respecto y el proceso para retirar definitivamente la protección puede durar hasta un año.
De igual forma, Mora afirmó que hace 5 o 6 años los esquemas se determinaban a dedo pero desde el año 2012 se estableció un decreto donde se crea una ruta y unos requisitos para que alguien tenga un esquema de protección, razón por la cual muchas personas tienen protección sin necesidad.
“Hoy el 95 o 96% de protegidos de la Unidad han tenido un estudio de riesgo y ha sido evaluado. Hay casos en que la unidad no tiene ni voz ni voto”, aseguró.
Por tanto, aunque se envíe un vehículo o se entregue un apoyo económico para que las familias o los grupos afectados vivan en otro lugar mientras se realizan las investigaciones, la problemática debe tener una perspectiva colectiva porque los afectados son muchos.
“Se debe atender más desde una perspectiva colectiva que de la individual donde estos esquemas y medidas que venimos implementando con mayor periodicidad, con vehículos blindado son insuficientes”.
Actualmente, se está gestionando una ruta de protección entre el Ministerio del Interior y los municipios para conocer de manera más profunda el problema de las amenazas a los líderes y defensores de derechos humanos.
Escuche todas las declaraciones de Diego Mora en LA FM
