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La Superintendente del Subsidio Familiar (e), Katherine Monroy, afirmó que su entidad es la competente para "realizar labores de vigilar y controlar a las 42 cajas de compensación familiar del país”, indicó.
La funcionaria hizo esta aclaración luego de que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, asegurara que las medidas cautelares adoptadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar están aplicándose sin que exista un debido proceso sancionatorio previo.
“Al no tener un parámetro temporal definido en la ley, vemos con preocupación cómo las medidas cautelares se vienen prorrogando de manera indefinida. De hecho, son varias cajas las intervenidas y algunas de ellas completan desde seis hasta 11 años en el proceso, como Comcaja, Comfacor en Córdoba y Comfamiliar en Cartagena”, remarcó Camargo.
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Tras este señalamiento la Superintendente de Subsidio Familiar aseguró de forma vehemente que sí tiene las competencia para hacer estas labores.
“La Superintendencia del Subsidio Familiar es la competente para inspeccionar, vigilar y controlar a cada una de las 42 cajas de compensación familiar que existen en Colombia”, le respondió Katherine Monroy, Superintendente del Subsidio Familiar (e) al Defensor del Pueblo.
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La Superintendente (e) afirmó que la ley revistió de facultades a la superintendencia para imponer medidas cautelares, como medidas de salvamento, y que éstas responden a su naturaleza preventiva para garantizar la protección de derechos que, sin una acción inmediata, pueden volverse irremediables.
“Las medidas cautelares impuestas han sido diversas y atienden particularidades de cada una de las cajas”, aseguró.
La funcionaria destacó los casos particulares de cinco cajas: Comfamiliar Huila, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfacor, Comfamiliar Nariño y Comfaguajira porque una de las razones comunes, para estas cajas, es el riesgo que ha generado para los recursos parafiscales las liquidaciones de sus programas de salud, situación que está sujeta a unos cronogramas y seguimiento de Supersalud.
“El compromiso de esta Superintendencia, como ente de inspección, vigilancia y control, es proteger y preservar el patrimonio social de los trabajadores y trabajadoras del país y velar por el respeto de sus derechos”, señaló.
