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Muchos colombianos se quejan cada día ante diferentes entidades por el incontable número de ofertas comerciales que llegan a sus teléfonos celulares por medio de mensajes de texto.
Cada año son miles las quejas que recibe la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre mal manejo de datos personales por parte de operadores de telefonía. Se trata de un mal del que no se salva ni siquiera Andrés Barreto González, máxima cabeza de esta entidad.
El superintendente de Industria y Comercio, desesperado por los mensajes, aprovechó sus redes sociales para pedir explicaciones a su operador, quedando bastante insatisfecho con la respuesta:
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"He bloqueado mas de tres números que me envían estos mensajes, ¿por qué tienen mis datos?, ¿ustedes se los proporcionaron?", cuestionó el superintendente en una publicación en Twitter.
Pero lo que más llamó la atención en este caso fue la respuesta de la empresa Movistar, operador con el que Barreto tiene contratado un servicio de telefonía móvil. La compañía, en lugar de atender la solicitud de inmediato, respondió también en redes sociales de la siguiente manera: "Hola, en el siguiente enlace podrás verificar la política de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP para el tratamiento de datos personales. Cualquier inquietud adicional, por DM te ayudaremos".
La respuesta del superintendente no se hizo esperar: "No quiero 'conocer su política de datos personales', quiero conocer mi consentimiento informado para que me lleguen mensajes de productos alimenticios y suplementos dietarios".
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El hecho resulta irónico, ya que Barrreto dirige la SIC, organización aseguró que de las quejas recibidas contra operadores de telefonía entre 2014 y 2019, el 89% corresponde a violaciones de la ley de Hábeas Data, es decir, el uso de datos personales.
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La superintendencia manifestó también que el 47,6% de las sanciones hacia este tipo de compañías son consecuencia del mal uso de los datos personales de sus clientes.
A menudo la información personal de las personas (números telefónicos, de identificación, historial crediticio, entre otros) termina en manos de terceros sin que se cuente con la autorización expresa de los usuarios.
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