SIC formula pliego de cargos contra EPM: otra empresa también fue sancionada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su Delegatura para la Protección de la Competencia, formuló pliego de cargos contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac), por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación.

Según informó la entidad, ambas compañías habrían implementado condiciones que limitaron la participación de oferentes en distintos procesos de selección, pese a que estos cumplían con los requisitos para presentar propuestas.

Estos hechos, que habrían ocurrido de forma reiterada, podrían constituir una infracción a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

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En el caso de EPM, la SIC identificó al menos tres condiciones que se habrían impuesto en 24 procesos de contratación entre 2020 y 2023: el cobro por el derecho a participar, restricciones a la participación de consorcios o uniones temporales, y limitaciones en su conformación interna, incluyendo el número de integrantes, los porcentajes de participación y el régimen de responsabilidad. El valor acumulado de estos procesos supera el billón de pesos.

Respecto a Dispac, la SIC señaló que, entre 2019 y 2023, se habrían registrado condiciones similares en al menos 23 procesos de contratación. Las barreras identificadas incluyen el cobro por el derecho a participar y limitaciones a las estructuras plurales. Estas licitaciones habrían representado recursos por más de cuatrocientos mil millones de pesos.

En ambos casos, la Delegatura advirtió que si bien las compañías no están sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sí están obligadas a respetar los principios de la función administrativa, entre ellos la libre competencia y la selección objetiva.

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Sobre esta actuación, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, afirmó: “Las acciones adelantadas por esta Superintendencia resultan fundamentales para el país y los consumidores, toda vez que la imposición de barreras de entrada no justificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes”.

Agregó que, “esto se traduce en ineficiencias que terminan trasladándose a los consumidores, en un servicio de menor calidad o en precios más elevados”.

La apertura del pliego de cargos da inicio a una etapa en la que las empresas podrán ejercer su derecho a la defensa. La SIC continuará con el análisis de las pruebas recolectadas antes de emitir una decisión definitiva.