Juegos Nacionales Ibagué
Colprensa
16 Nov 2018 01:17 PM

Sancionan, de nuevo, a exfuncionarios por irregularidades en Juegos Nacionales

El exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, no podrá volver a ejercer cargos públicos.
Johana Rodríguez
Johana
Rodríguez
@joharodri4

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por el termino de 16 años, al exgerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué (Imdri), Carlos Heberto Ángel Torres, por irregularidades en la contratación de los XX Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

Esta entidad indicó que luego de analizar los contratos para estas obras, se pudo constatar que algunos no contaron con una adecuada interventoría, que velara por la ejecución de las obras, que incluían los estudios y diseños de la adecuación y remodelación de los escenarios deportivos, ubicados en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de Ibagué.

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Según la Procuraduría, dicho convenio se firmó entre la administración municipal y la empresa Técnica y Proyectos (TYPSA).

“Ángel Torres desconoció la orden del Consejo Directivo del IMDRI, para contratar una interventoría integral y que contara con al menos 37 personas, entre profesionales y asistentes”, señaló el Ministerio Publico.

Dicha irregularidad ocasionó que no se abarcaran aspectos financieros, ambientales, sociales, administrativos y legales, de los trabajos que se iban a realizar.

También se cuestiona que, al contrario de contratar personal autorizado y con experiencia en dichos trabajos, se designara como supervisor al ingeniero civil Mauricio Campos del Cairo, quien “no contaba con la experticia, ni experiencia requerida para llevar a cabo la labor”.

Lo anterior llevo a que se ejecutaran, sin justificación, recursos por $11.499.520.800 en el contrato de consultoría.

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“No existe certeza de que se cumplieran las especificaciones y requisitos fijados para la ejecución de los estudios y diseños de los escenarios deportivos, con lo que se vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad, que rigen la contratación estatal y la función administrativa”, puntualizó esta autoridad.

La Procuraduría también encontró que el contrato con el ingeniero Campos del Cairo no incluyó en sus cláusulas el seguimiento y control integral de las actividades, que debía ejecutar TYPSA.