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La Procuraduría General de la Nación expresó su oposición a la suspensión de las medidas de aseguramiento de detención preventiva que pesan sobre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
Durante la audiencia pública en la que se discutió esta solicitud, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control argumentó que no existe claridad respecto a la estructura armada organizada que Mancuso representa, ni sobre el proyecto que desarrollará como gestor de paz.
La funcionaria destacó que la solicitud para suspender las más de 30 medidas de aseguramiento no especifica el proyecto que Mancuso llevará a cabo como gestor de paz, ni detalla los espacios temporales y territoriales de su actividad.
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La Coordinadora Nacional de Justicia y Paz, precisó que, “admitir ese tipo de fundamentos es llevar el nefasto mensaje a la delincuencia de que no importa el momento en el que decidan voluntariamente cesar su actividad delictiva, aún a pesar de sus desmanes, pues las puertas siempre estarán abiertas”.
Además, señaló que no se ha justificado la necesidad de su movilización por diferentes puntos del territorio nacional, especialmente cuando personas en situaciones similares han cumplido funciones desde la cárcel en años anteriores.
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La Procuraduría resaltó que Mancuso no representa a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya que el Acuerdo de Ralito concluyó hace más de una década. Por lo tanto, considera inadmisible que se justifique su papel como gestor de paz con la promesa de cerrar definitivamente las estructuras criminales surgidas tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia.
La procuradora judicial advirtió que permitir la suspensión de las medidas de aseguramiento sin un análisis minucioso enviaría un mensaje negativo a la delincuencia, al sugerir que no importa cuándo decidan cesar su actividad delictiva, siempre habrá oportunidades para ellos. Por estas razones, instó al magistrado a examinar cuidadosamente la solicitud antes de tomar una decisión, enfatizando la importancia de respetar la solidez y seriedad de la justicia transicional y el trabajo de los tribunales de Justicia y Paz del país.
