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Las denuncias por delitos electorales relacionadas con la financiación irregular de campañas aumentaron de manera alarmante del 2018 al 2023, periodo en que se realizaron elecciones presidenciales, legislativas y regionales.
Así lo evidenció un informe del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy, que hace una descripción estadística del comportamiento de estos delitos, con un importante incremento en las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
Sobre la financiación con fuentes prohibidas, el informe señala que hubo un aumento sustancial del 255% entre 2019 y 2023, pues “al comparar los dos últimos periodos de elecciones territoriales, se tiene que en 2019 hubo 27 denuncias por este delito frente a los 69 del año pasado”.
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El delito de violación de topes fue el que más tuvo incremento porcentual por la cantidad de denuncias presentadas, que pasaron de 4 en 2022 a 26 en 2023, es decir, un incremento del 650%.
“Si se comparan los dos últimos periodos de elecciones territoriales 2019 y 2023, se tiene que el aumento es mayor, pues en 2019 fueron 2 denuncias frente a las 26 de 2023, un aumento de 1.300%”, señala el informe del magistrado Lorduy.
Para el caso de la omisión de información del aportante, “se presenta una particularidad: se han registrado pocas denuncias por esta conducta. El mayor número de casos allegados a la Fiscalía se dio en 2018 cuando hubo cuatro denuncias, mientras que en 2020 y 2023 se presentaron tres denuncias en cada uno estos años”.
El informe concluye que analizando las bases de datos públicas de la Fiscalía, las denuncias por delitos relacionados con financiación de campañas electorales aumentaron en un 326,6% entre 2019 y 2023.
¿Qué podría pasar?
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, de comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones económicas de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, las cuales podían ir desde los $18'497.637 hasta los $184'976.375.
Adicionalmente, para el caso de la campaña presidencial, según el artículo 21 de la ley 996 de 2005 se pueden establecer multas entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.
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También, “en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, según indica el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política”.
No obstante, según señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005, “el Consejo Nacional Electoral debe establecer previamente los criterios para apreciar la gravedad de la falta a imponer la sanción correspondiente, con aplicación del procedimiento previsto en las normas vigentes que regulan a dicho Consejo”.
Cabe mencionar que por varios de estos delitos actualmente es investigada la campaña ‘Petro presidente 2022’, tras las enuncias de ingresos irregulares en la Región Caribe y en los Llanos Orientales.
