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Al mediodía de este miércoles 14 de octubre, Colombia Diversa acudirá a la Comisión de la Verdad para presentar el informe ‘¿Quién nos va a contar?’, un documento de 206 páginas que relata cómo la violencia contra la población LGBT estuvo presente en las más de cinco décadas de conflicto armado en el país.
Dentro de seis semanas se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto entre las Farc y el Gobierno nacional. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, también quedaron consignaron los compromisos para promover los derechos de las mujeres y la población LGBT, y se les reconoció como poblacional vulnerable víctima de diferentes formas de violencia dentro del conflicto armado.
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De hecho, en el informe ‘Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial’, del Instituto Kroc y que evalúa la implementación del acuerdo en el periodo de diciembre 2018 a noviembre 2019, se recomienda "Abrir y mantener espacios de participación para las mujeres, la población LGBT y los pueblos étnicos con el Gobierno y las entidades responsables de la implementación de los enfoques transversales en el Acuerdo”, y es que pese a que reconocen los avances, consideran fundamental fortalecer el diálogo para construir más confianza. Otra de las recomendaciones que hicieron en 2019 era “promover programas y oportunidades para la cualificación técnica y profesional de las mujeres y población LGBT en proceso de reincorporación, así como garantizar su acceso a servicios de salud integrales y proveer medidas para apoyar el cuidado de niños y niñas”.
Y es en ese sentido que hoy Colombia Diversa le pedirá a la Comisión de la Verdad que tenga en cuenta los casos de la población LGBT que fue amenazada, desplazada y silenciada durante las más de cinco décadas de conflicto armado en el país.
En diálogo con RCN Radio, Lucía Baca, coordinadora del área de paz de Colombia Diversa e internacionalista de la Universidad de Yale, manifestó que la oportunidad que tiene el país es única para recolectar y hacer memoria con estos casos. “La Comisión de la Verdad en Colombia tiene la oportunidad de sentar un precedente y es clave porque hay movimientos fundamentalistas intentando generar retrocesos en los derechos de personas LGBT. Queremos que la Comisión haga un llamado a la no discriminación, que aporte una pieza fundamental a la consolidación de la ciudadanía de la población LGBT”.
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En el informe, la ONG presenta tres posibles causales de violencia contra la población LGBT dentro del conflicto armado: "las personas LGBT se convierten en objeto de violencia cuando rompen con los parámetros de género, exhiben su sexualidad diversa y se organizan; son sometidas a códigos de conducta que pretenden ‘corregir’ sus desviaciones de los arreglos de género; y experimentan diferentes violencias de acuerdo con su orientación sexual, expresión y/o identidad de género".
Según Baca, esta es la forma de reconocer que la discriminación está en el corazón del conflicto armado, que las personas LGBT lo vivieron en carne propia y que pese a la violencia se mantuvieron en pie. Por eso, se hace un llamado para que esto jamás vuelva a repetirse. “A la Comisión le pedimos que esté a la altura del momento histórico. Es la primera comisión en el mundo con un mandato explícito de esclarecer el impacto de la guerra sobre personas LGBT. Ninguna otra ha recogido a profundidad las voces en un conflicto o en una dictadura. De hecho, la mayoría de las otras comisiones en el mundo han borrado las historias de esta población de los relatos oficiales que han construido, como si fuesen experiencias menos importantes o secundarias o irrelevantes para la historia de esos países”, cuenta.
En el informe que recibirán hoy los Comisionados de la Verdad se relata la violencia perpetrada por varios actores, como las Farc, los paramilitares y las fuerzas militares, que amenazaban a la población, les imponían toques de queda, les impedían tener relaciones sentimentales con quienes ellos consideraban sus oponentes, o los señalaban y sentenciaban por ser portadores de VIH.
En sus líneas, registran 50 episodios de violencia cometidos por las Farc, por el solo hecho de prejuicio. “Aproximadamente la mitad de los episodios se reportaron en el departamento de Nariño (24 o 48%), seguido por Tolima (14 o 28%) y Meta (5 o 12,5%). Los demás episodios ocurrieron en Antioquia, Caquetá, Huila, Putumayo y Vichada. Entre estos últimos departamentos el único que reúne más de un caso es Putumayo. Casi la mitad (22 o 44%) de los episodios ocurrieron en zona rural o pequeños poblados como corregimientos o veredas, mientras que aproximadamente un tercio (16 o 32%) ocurrieron en zona urbana. De los restantes 12 casos no es clara la ubicación exacta", se lee en uno de sus apartados.
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También evidencian los hechos cometidos por paramilitares: "se tiene conocimiento de al menos 42 episodios de violencia por prejuicio perpetrados por las AUC. La mayoría se reparten entre los siguientes departamentos: Antioquia (6 o 14,3%), Bolívar (6 o 14,3%), Boyacá (5 o 11,9%) y Norte de Santander (5 o 11,9%). Los otros episodios se registraron en Atlántico, Bogotá, Caquetá, Nariño, Santander y Sucre".
A estas cifras se suman los casos de desaparición forzada. Según Lucía Baca, este fue uno de los repertorios de violencia que los actores armados emplearon en contra de personas LGBT. “Lo que buscaban era suprimir, borrar a las personas de los territorios porque los veían como una presencia incomoda o incluso aberrante que no encajaba con el orden social y político que defendían”.
De hecho, afirma que en el informe se evidencia que este delito sí fue cometido por las autodefensas o por grupos paramilitares. “Por ejemplo, en Puerto Boyacá sabemos de por lo menos tres desapariciones, dos mujeres trans y un hombre gay, que fueron reconocidas en la sentencia de alias ‘Botalón’, en el marco de Justicia y Paz, pero también pudimos documentar un caso de desaparición forzada por las Farc- EP en Tumaco donde una mujer trans fue desaparecida junto a otras mujeres porque fueron acusadas de ser portadoras de VIH”.
