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La Contraloría General de la Nación advirtió que la oferta de vivienda urbana para los hogares víctimas del conflicto armado se ha quedado “corta”, ya que entre 2012 y 2020, se otorgaron 107.000 subsidios, quedando en la lista de espera más de un millón de víctimas.
Según el contralor Carlos Felipe Córdoba, “hay 10.414 subsidios familiares de vivienda urbana se encuentran sin legalizar, y solo al 33% de los hogares víctimas han recibido estos subsidios”.
Así mismo, el contralor llamó la atención en que “millonarios recursos para las viviendas de las víctimas, que permanecen en cuentas de ahorros y fiducias mientras miles de personas claman por ese techo”.
El ente de control aseguró que desde el año 2003 hay en cuentas de ahorro más de 20.000 subsidios de vivienda urbana, “teóricamente ya asignados por más de 317.000 millones de pesos, mientras que en las fiducias los recursos superan los 500.000 millones de pesos”, agregó Córdoba.
Según el organismo de control, el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad y más de la mitad son mujeres afectadas de manera diferencial.
Pese a que se destacó la inversión realizada por este Gobierno frente al reto de la implementación del acuerdo de paz, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021.
El organismo de control advirtió que se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral.
En el informe conjunto presentado por la Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Mesa Nacional de Víctimas, solicitaron al Gobierno redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atención y reparación de las víctimas del conflicto.
Los entes de control señalaron que, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.
