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“Eso quiere decir que en las elecciones de 2018, cuando la JEP aún no haya juzgado ni condenado a nadie, quienes se sometan no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, pero sí podrán hacerlo quienes no tengan delitos de lesa humanidad”, señaló.
Esta propuesta calentó inmediatamente el debate y llevó al Gobierno Nacional a oponerse por considerar que eso no quedó consignado en el acuerdo de paz.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que “las sanciones de la JEP no pueden afectar derechos políticos, pero en el acto legislativo de reincorporación política de las Farc se aprobó que en el momento en que los candidatos de esa organización se inscriban, tienen que reiterar su compromiso de mantener ante la JEP”.
El senador Germán Varón Cotrino de Cambio Radical, se mostró a favor de la propuesta.
“Para la opinión pública no va a ser sencillo encontrar a sus victimarios recorriendo los mismos sectores sobre los cuales tuvieron influencia haciendo proselitismo sin haberse sometido a la Justicia Especial para la Paz”, indicó.
Los integrantes de Voces de Paz, que son los voceros de las Farc en el Congreso, consideran que esta propuesta es una trampa al acuerdo.
Francisco Toloza dijo que “la trampa está completa porque acá aletargan, a paso de tortuga, la implementación de la JEP y al mismo tiempo pretenden que hasta tanto haya sentencia no se pueda participar en política, así que deberían decir que no quieren que las Farc participen en el 2018”.
El uribismo, que ha calificado de inconstitucional e ilegitimo el procedimiento fast track, se mostró a favor de la aprobación de este artículo dentro de la JEP.
