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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y al ministro de Minas, Andrés Camacho, remitir información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional Minera.
Cabe mencionar que esos acuerdos fueron firmados el 25 de octubre de 2024, con el objetivo de poner fin a la protesta social pacífica que se había desarrollado en el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño, el sur de Córdoba y en Marmato (Caldas).
El organismo requirió entre otros aspectos, el cronograma detallado para la implementación del Decreto 044 de 2024, que establece los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal dentro del marco del ordenamiento minero-ambiental.
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Además, la Procuraduría pidió a la ministra Muhamad que remitiera la respuesta escrita del Ministerio a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera durante una reunión celebrada el 5 de noviembre de 2024, en el marco del acuerdo firmado en octubre.
El requerimiento incluyó también detalles sobre el apoyo del Ministerio de Ambiente a los procesos de formalización minera, una de las demandas centrales de los manifestantes, por lo que la Procuraduría pidió una explicación sobre los avances y medidas adoptadas al respecto.
Por otro lado, el Ministro de Minas había anunciado en su cuenta de Twitter que se habían realizado las primeras sesiones de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería y en ese sentido, la Procuraduría solicitó las actas y las notas de relatoría correspondientes a esos encuentros, para conocer los compromisos asumidos y los cronogramas acordados.
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Finalmente, la Procuraduría, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, emitió un llamado de atención al Gobierno Nacional en el que se expresó su preocupación por no haber sido convocada a las reuniones estratégicas, ni a los espacios de diálogo con el sector minero de pequeña y mediana escala.
