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La Procuraduría General de la Nación adelanta un riguroso seguimiento al cumplimiento del enfoque étnico en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas en Colombia.
Como parte de esta actuación preventiva, el Ministerio Público solicitó informes al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad para las Víctimas (Uariv), entidad clave en la articulación y ejecución de los programas dirigidos a esta población.
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La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le requirió a la Uariv información detallada sobre el número de comunidades indígenas beneficiadas con proyectos de reparación colectiva, los montos invertidos, la cantidad de espacios de diálogo y consulta habilitados para que estas comunidades expresen sus necesidades, y el número de funcionarios capacitados para atenderlas con enfoque diferencial.
Con esta acción, el organismo de control busca verificar que las instituciones responsables garanticen una participación activa, permanente y sin retrocesos de los pueblos indígenas, tal como lo establece la política pública de víctimas.
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Por medio de un comunicado la Procuraduría explicó que esta actuación preventiva "se realiza para verificar que las instituciones públicas están cumpliendo con una participación inclusiva y equitativa, permanente y sin retrocesos, como lo dicta la política pública de víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas".
En ese sentido, la Procuraduría destacó que busca verificar que las entidades públicas atiendan lo ordenado en el Decreto ley 4633 de 2011.
