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La Procuraduría General de a Nación pidió al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional esclarecer la judicialización de miembros de la comunidad indígena de minitas-mirolindo, en Guainía, quienes fueron judicializados por integrantes de la Armada Nacional mientras regresaban con alimentos a su resguardo.
Los hechos que tuvieron lugar entre miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 50 y algunos integrantes de la comunidad indígena minitas - mirolindo, en Barrancominas, Guainía.
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Según la denuncia, pescadores y cazadores de la comunidad habrían sido interceptados y judicializados por integrantes de la Armada, al regresar al resguardo con los alimentos recogidos durante sus actividades de subsistencia.
Según la denuncia, cuando los pescadores y cazadores de la comunidad regresaban al resguardo con los alimentos recogidos, luego de sus tradicionales actividades de subsistencia, fueron interceptados y judicializados por integrantes de la Armada Nacional, un hecho interpretado por las autoridades ancestrales como un acto de persecución y atropello, en contravía de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
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Al Ministerio de Defensa le pidió un informe sobre los hechos referidos, las acciones institucionales adoptadas y las medidas de relacionamiento desarrolladas con las autoridades del resguardo, initas - mirolindo.
El ente disciplinario calificó el hecho como un acto de persecución y atropello contra estas comunidades ancestrales que va en contra de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
