El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, propuso que como parte del plan para sanear el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se creen, de ahora en adelante, precios de referencia en la contratación de estos planes, que para por esta vía no se generen sobrecostos u otras irregularidades en estos procesos.

La propuesta del directivo se da en momentos en que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, espera que la próxima semana le sea entregada una propuesta parar blindar al PAE de los escándalos de corrupción que los aquejan.

"Yo tuve recientemente una reunión con el Procurador General y la Ministra de Educación, para mejorar el PAE, le dí esta idea de los precios de referencia, de que además se establezcan contratos tipo para realmente garantizar sana competencia en las licitaciones, la competencia es lo que garantiza que se minimice los temas de corrupción", expresó Mejía.

Dijo que esta estrategia también garantiza que no haya oferentes únicos en las rondas licitatorias, "y esto es lo que creemos debería de ser hacia adelante la norma y no la excepción".

Mejía recordó que se puede tomar como punto de partida para estas medidas especiales lo que sucedió con la Ley de Infraestructura, que busca hacer más transparentes los procesos contractuales, para evitar lo que en su momento señaló el procurador General, Edgargo Maya, son los "contratos, tipo sastre, a la medida del contratista".

Castigo

Hace unos días, la Contraloría General de la República inició el proceso para castigar fiscalmente a los responsables del escándalo por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En este caso el turno fue para el exalcalde de Puerto Wilches, Santander, Germán Hernando Durán Caicedo, a quien le fue proferido un fallo de responsabilidad fiscal, por $65 millones 325 mil pesos.

Esto por el detrimento patrimonial en la ejecución de un convenio, celebrado el 16 de octubre de 2015 por la Alcaldía de Puerto Wilches, con la Corporación Humana Integral de Relaciones Artísticas y Sociales Corpochurias, por $251.863.600, que tenía por objeto apoyar proyectos generales de seguridad alimentaria y nutrición en la compensación en alimentación escolar en este municipio.

Según el propio organismo de control, estas irregularidades en el plan de alimentación escolar fueron descubiertas en por lo menos 16 de los 32 departamentos del país.

Por su parte, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, propuso convertir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una verdadera política pública de Estado, con metas no sólo en el corto y mediano, sino en el largo plazo.

“El PAE no puede seguir siendo un simple programa de Gobierno orientado a la permanencia educativa”, subrayó Maya Villazón, al tiempo que consideró que acudir a esta opción va a permitir que se superen todas las dificultades que ha mostrado en materia de ejecución, seguimiento y control, financiación, cobertura e impacto.