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El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, advirtió que “el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 no puede chocar con los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El magistrado aseguró que cada juez debe revisar caso por caso y tutela por tutela cada recurso que se presente contra el Plan.
“La tutela es un ejercicio natural que tienen los ciudadanos para llegar a los jueces y nosotros no hacemos nada distinto a reconocer la tutela para darle la respuesta constitución que tienen los ciudadanos de garantía de los derechos fundamentales”, dijo el magistrado.
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Además, advirtió que: "el Plan Nacional es una propuesta y los colombianos debemos verlo como una opción que tiene el Gobierno de proteger (…) cosa distinta es instrumentalizar la tutela en apetitos o intereses personales”.
Según el Gobierno, las vacunas llegarían al país en el transcurso de febrero y al tratarse de un derecho fundamental algunas personas ya han acudido al recurso de tutela para acceder a la vacunación.
Sobre esos recursos, un juez de Cali y la Corte Suprema de Justicia ya han negado tutelas. El recurso que negó la Corte pretendía obligar al Ministerio de Salud incluir a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en la fase prioritaria del Plan: “donde se encuentran ubicados los docentes y la fuerza pública”.
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Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los argumentos de esa tutela no eran suficientes para aceptarla y que tampoco se demostró algún perjuicio a los derechos fundamentales.
Sobre el Plan Nacional de Vacunación, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que trabajarán en conjunto para vigilar su aplicación y evitar posibles o eventuales hechos de corrupción.
La procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa, ya definieron la hoja de ruta y las primeras acciones de lo que será ese trabajo conjunto frente a la vigilancia sobre cada uno de los preparativos, etapas de ejecución y pormenores de la estrategia de vacunación contra el coronavirus.
