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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a los gobernadores del país a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2023, para evitar que se presenten los retrasos e irregularidades vividas durante 2022.
La procuradora Cabello explicó que el año anterior se registraron al menos 245 denuncias ciudadanas en este sentido, de las cuales fueron abiertas 80 actuaciones preventivas y 28 disciplinarias.
Igualmente, dijo que se interpusieron acciones de tutela contra las gobernaciones de Guaviare, Chocó y Sucre; las alcaldías de Cartagena, Neiva, Sincelejo y seis municipios de Boyacá por dichas irregularidades.
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Recordó que desde 2015 el ente de control ha encontrado dificultades que impiden que niños, niñas y adolescentes, reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
Actualmente hay 5,464,689 beneficiarios de programa PAE, por lo que consideró que se esta ante un desafío muy grande.
"Gran parte del desarrollo del país depende de que ellos sigan cursando sus estudios y se les garanticen unos mínimos nutricionales", aseguró.
La Procuraduría ha emitido alertas sobre entrega de raciones por un periodo inferior a las 40 semanas del calendario escolar y demoras para gestionar la contratación de operadores.
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También se han detectado malas condiciones de los alimentos y reporte tardío de los recursos ejecutados y de la población beneficiada.
"El departamento de Amazonas es la la única entidad territorial certificada que no cuenta con una planeación clara y ordenada que visualice las acciones que se deben adelantar para garantizar que el programa se preste con la suficiente antelación", anotó la procuradora.
Las zonas donde más se registran estas irregularidades son los departamento de Magdalena y los municipios de Cúcuta, Buenaventura y Malambo, cuyos procesos de contratación han sido declarados desiertos en varias ocasiones.
